Primero fue la soberana majadería de que en España habría nada menos que 445.000 políticos profesionales, una cifra no igualada en país alguno de Europa ni probablemente del mundo entero. Nacido como un bulo más en esta inmensa factoría de la desinformación que responde por internet, el disparate no tardó en llegar a las tertulias, donde con esa alegre frivolidad tan íbera se sueltan las mayores barbaridades sin la menor cautela. Y de ahí, a las barras de los bares, ya elevado por entonces a la categoría de verdad incuestionable. Después, y por idénticos canales de gestación y contagio, hizo irrupción en escena otra solemne barbaridad, la consistente en sostener que España dispone de una cifra de coches oficiales muy superior a la existente en Estados Unidos. Uno tendería a pensar que nadie con un par de dedos de frente podría tragarse semejante dislate. Bien, pues coló.
Y ahora acaba de emerger a la luz un tercer camelo para seguir echando carnaza populista a las audiencias. Esta vez la trola consiste en propalar con el desparpajo que da la ignorancia que ningún diputado alemán, francés o italiano dispone de las prerrogativas parlamentarias que disfrutan sus homólogos españoles. Y la gente lo cree. Yo he llegado a oír en la radio que cualquier Elpidio tronado de Alabama o Texas podría procesar a Obama sin mayor trámite que mandarle una citación a la Casa Blanca. De patio de colegio. En el más piadoso de los supuestos, se confunden dos conceptos que no son sinónimos, aforamiento e inmunidad parlamentaria. Huelga decir que los diputados alemanes, incluidos los regionales por cierto, disponen de inmunidad parlamentaria, lo que implica que para encausarlos o detenerlos se requiere la previa autorización de la asamblea legislativa a la que pertenezcan.
Y otro tanto de lo mismo sucede en Francia, en Italia y en todos los demás países de la Unión Europea, salvo en el Reino Unido, donde los parlamentarios únicamente están protegidos frente a los delitos de opinión. En eso, como en tantas cosas más, España, pese a la opinión discrepante de los españoles, resulta ser un país similar al resto. Ocurre que ni inmunidad es sinónimo de aforamiento, ni aforamiento sinónimo de impunidad. Los diputados españoles, y en eso sí se distinguen de otros, no pueden ser juzgados por cualquier tribunal ordinario, sino por alguno superior. Ahí empieza y acaba toda la diferencia. Punto. No hay ninguna más. Ninguna. ¿Tanto ruido para esas nueces?