Que los separatistas catalanes no son felices parece una evidencia empírica fácilmente contrastable: basta con reparar en el semblante de manzanas agrias que ofrece Artur Mas, en los recurrentes gemidos de su sufrido apéndice Junqueras o en esa dramática amenaza de Lluís Llach de partir hacia el exilio en el corazón de las tinieblas africanas. No, nuestros pobres nacionalistas no son dichosos. Asunto, el de su triste abatimiento, que, lo admito, me importa bien poco. Si andan compungidos, que els moqui la iaia. A fin de cuentas, los que debemos soportarlos a diario tampoco gozamos teniendo que cargar con semejante cruz. Y, sin embargo, nunca se nos ocurriría reclamar que se reforme tal o cual capítulo de la Constitución a fin de que nosotros, sufridores cotidianos de la plúmbea cantinela identitaria, nos encontremos más a gusto en este rincón de la península donde nos ha tocado morar.
Si los separatistas no se sienten cómodos, que se aguanten. Y si no, ancho es Senegal. Tan perentoria, la reforma de la Carta Magna debe tener como horizonte los grandes principios universales de la libertad, la igualdad y la justicia, no las pequeñas miserias del particularismo catalanista en su novísima versión asilvestrada. Ni un minuto habría que perder con sus rutinarios lloriqueos. Dejemos a un lado el espectro de Prat de la Riba con su cansino disco rayado y centrémonos en el de Romanones. Porque si un sesgo perverso urge corregir en el ordenamiento constitucional del Estado de la Autonomías es el de la variante contemporánea de aquel célebre aserto suyo: "Haga usted las leyes, que ya me encargaré yo de los reglamentos".
Sin duda, la anomalía mayor que arrostra la descentralización del poder político en España reside en la manifiesta impotencia de la Administración central para hacer que se ejecuten en las Autonomías las leyes emanadas de las Cortes. Que la competencia de elaborar las normas y la de llevarlas a la práctica recaigan en instancias políticamente distintas es algo normal en cualquier Estado compuesto. Pero que el poder central carezca de instrumentos para garantizar el acatamiento de sus normas en el territorio, eso es una extravagancia única y exclusivamente española. En ningún Estado federal se antojaría ni siquiera imaginable lo que aquí constituye rutinaria experiencia cotidiana, a saber, que una Autonomía decida a su libre albedrío cómo y cuándo aplicar una legislación emanada del Paramento.
¡Ay de aquel Land alemán al que se le ocurriera obstruir la ejecución de una legislación federal! El Gobierno de Berlín puede enviar inspectores en cualquier momento a cualquiera de ellos. Y, llegado el caso, las leyes federales habilitan a Merkel para impartir instrucciones de obligado cumplimiento a las autoridades regionales. En España, en cambio, hay diecisiete Romanones con mando en plaza que se permiten tutelar a las Cortes Generales gracias al torpe redactado de la Constitución en ese capítulo. La alta inspección educativa, por ejemplo, carece de poder real alguno más allá de su muy imponente nombre. Si, como viene siendo el caso en Cataluña desde hace décadas, una comunidad autónoma decide proscribir el uso del castellano en las aulas, a lo sumo esa llamada alta inspección puede ordenar que se interponga… un recurso contencioso administrativo. Eso es todo. Vegeta huérfana de competencias efectivas para hacer nada más. Ni un dedo puede mover en la práctica. De eso, de enterrar a Romanones de una vez, es de lo que hay que hablar en la Comisión Constitucional del Congreso. Y si Llach no es feliz, que se compre un camión.