Escribo estas líneas sin conocer aún el desenlace final de la trama, pero convencido de que ocurrirá lo normal en un país europeo normal gobernado por un partido socialdemócrata normal. Y lo normal es que los socialdemócratas, que proceden de una tradición política no sólo distinta sino opuesta a la de los grupos de origen revolucionario y vocación insurgente, rehúsen dar cabida a ese tipo de fuerzas en un Ejecutivo encabezado por ellos. De hecho, en ningún país europeo, con la muy puntual y efímera excepción del primer Gobierno de Mitterrand en Francia, se han producido nunca ese tipo de alianzas después de la Segunda Guerra Mundial. En ninguno. Y no hay razón para suponer que el PSOE renovado, una organización impregnada de un sesgo profundamente anticomunista fruto de su propia peripecia histórica durante la guerra civil, cuando el PCE bajo tutela soviética intentó fagocitarlo, vaya a conducirse de modo distinto al resto de los miembros de su familia ideológica en Occidente. Bien es cierto que Podemos no responde exactamente al perfil canónico de un partido comunista clásico como los de antes, aquellos arcaicos dinosaurios stalinianos que ahora moran en el fondo del baúl de la Piquer. Pero tampoco deja de compadecerse con la verdad que se trata de una fuerza que ampara bajo sus novísimas siglas toda la melancolía de izquierda a que dio lugar el derrumbe del comunismo realmente existente en 1989.
Así las cosas, lo máximo que los socialdemócratas de cualquier rincón de la Zona Euro pueden ofrecer a los poscomunistas de su entorno inmediato es alguna variante con matices menores del muy estricto contrato de adhesión que el Partido Socialista de Portugal puso sobre la mesa del Podemos luso, el llamado Bloque de la Izquierda, y de lo muy poco que aún queda en pie del achacoso Partido Comunista de Álvaro Cunhal. Un contrato de adhesión, las lentejas a la portuguesa, en el que la primera cláusula especifica de modo muy claro e indubitado que el límite infranqueable de la colaboración entre el PS y sus dos parientes lejanos reside en el libre acceso a los secretos de las deliberaciones del Consejo de Ministros. Nada de ministros ni, mucho menos, de vicepresidentas sociales u otras hierbas exóticas por el estilo. La segunda cláusula, todo un genuino ejercicio de realismo político, establece (el pacto aún sigue vigente a estas horas) que los dos socios minoritarios del Gobierno disponen de plena libertad para votar en contra del Ejecutivo en el Parlamento en cuantas materias no hayan sido contempladas de forma expresa en el acuerdo de legislatura. Una cautela que en el eventual remake español evitaría constantes tensiones que con toda seguridad podrían hacer volar por los aires la disciplina interna en el grupo parlamentario de Iglesias.
Un tercer elemento, y absolutamente crítico para que llegara a suscribirse el acuerdo, fue el asentimiento tácito de Bruselas al experimento. Algo que, no nos engañemos, de un modo u otro también tendría que ocurrir en España. Y es que conviene no olvidar nunca que renunciamos a lo sustancial de la soberanía económica tras firmar el Tratado de Maastricht. Un Gobierno que contraríe a Bruselas hoy se arriesga a que el BCE lo castigue haciendo que su deuda soberana sea más cara en los mercados, lo que limita automáticamente su margen financiero. Es lo que le pasó, sin ir más lejos, a la Grecia de Syriza, que se vio excluida de las compras de bonos, la célebre flexibilización cuantitativa, ordenadas con criterios políticos por Draghi.
Pero lo más demoledor para Iglesias del espejo portugués no es ninguna cláusula adicional, sino el vaticinio unánime de las encuestas cara a las inminentes elecciones generales: los socialistas se acercan a la mayoría absoluta mientras sus dos socios de legislatura se hunden en la nada.
No, no habrá coalición formal con reparto de carteras ministeriales. A lo sumo, muy a lo sumo, una triste ración de lentejas a la portuguesa. Y lo más probable es que ni eso.