Por primera vez, la economía española tiene la eficiencia garantizada. A la voz de "¡Separatistas del mundo, uníos!", ya tenemos un primer paquete compuesto por dos de ellos, por lo que la decisión aplicable a uno generará economías de escala para su correligionario; con ello, nos liberaremos cuanto antes de cargas que a nada conducen. Ya tengo ganas de que el SEAT que compre lo haga exento de IVA en la frontera catalana, y los fabricados vascos, análogamente, en la frontera de Orduña. Llevaba yo mal eso de sacrificarme pagando el IVA para que se lo contabilizasen a ellos.
Los partícipes en el paquete tienen mucho en común, entre otras cosas su firme deseo de no satisfacer a la Hacienda del Estado los tributos que les corresponden. Nada hay de extraño, porque a mí tampoco me gusta, pero...
Ambos, también, se niegan a reconocer la enseña nacional, que sustituyen por la que llaman propia, aunque ésta sea sustituida con agrado por la de los paladines de la independencia. ¿No es cierto que en cualquier concentración las banderas esteladas predominan sobre las senyeras, y las de Batasuna/Bildu/ETA sobre las ikurriñas?
Yo no voy a entrar en la cuestión de las banderas, que, históricamente, ha conducido a guerras y confrontaciones. Sí me preocupa, en cambio, la cuestión de los euros, porque éstos no sólo alimentan a políticos y a parásitos en su entorno, sino que atienden necesidades de niños, ancianos y familias enteras, que no es justo dediquen sus recursos a alimentar conflictos nacionalistas y reticencias tributarias.
El tema es complejo, porque la discusión no es racional; por ello la tentación es dejarlo pasar como si no fuera con uno; lo cual también es complicado. Algunos apuntan que la solución es reformar la Constitución para establecer un Estado federal. Pero ahí está precisamente el problema. Un Estado federal implica igualdad de trato entre los federados, y ninguno de los dos partícipes en este negocio quieren ser iguales a los demás españoles. Un principio político poco reconocido en las democracias. Bien es verdad que los votantes, según y cómo, también aprecian diferencias de valor en sus votos, según al partido que elijan.
La ley hay que cumplirla, y garantizar esto es una obligación del Estado a través de los tribunales y la ejecución de las sentencias. Que dejen para cuando sean independientes el caos jurídico, pero hoy la Agencia Tributaria debe levantar acta contra el alcalde de Gallifa (Barcelona) por no ingresar el IRPF retenido a sus empleados y destinarlo a la Generalidad; es decir, que haga lo mismo que haría con cualquier empresario ante una actitud semejante; y si se considera apropiación indebida, que los tribunales juzguen el delito. Más necia es la justificación de que es un "territorio libre y soberano", cuando, aun con su modelo, no pasaría de ser un siervo dependiente de la Generalidad.
Por ahí andan nuestras mentes, y de ahí nuestro pesimismo.