¿Dónde estamos en el momento presente? La pregunta no es necia, dado que los que más hablan de ello son los menos indicados para hacerlo, sembrando duda y confusión. Si a mi avanzada edad tuviera que dar respuesta a la cuestión, me atrevería a decir que estamos en una situación en la que el tan cacareado derecho a decidir ha mutado en derecho a negociar.
Ni uno ni otro, hasta dónde yo sé, se configuran, al menos en la extensión que se pretende, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es más, si nos trasladamos a fechas pretéritas a tal declaración, cuando simplemente hablábamos de los derechos naturales, el derecho a decidir, inserto en la libertad del hombre, se interpretaba para optar entre diversas clases de bien, pero nunca entre el bien y el mal, pues este último iba en contra de la propia naturaleza del hombre.
¡Cuánto menos ha de admitirse tal pretendido derecho cuando la decisión pretende producirse entre lo lícito y lo ilícito! Y no me argumenten que lo votado, donde quiera que sea, convierte en lícito lo que de suyo es ilícito. Fue el derecho a decidir, además por mayoría abrumadora, el que asesinó a varios millones de judíos en el Tercer Reich.
Apenas pasadas cuarenta y ocho horas del lamentable discurso –y digo lamentable por lo insignificante y estéril en lo político y pobre en lo literario, sin entrar en otras consideraciones–, me vienen a la mente una serie de consideraciones de las que les hago gracia. Algunas, muy concernientes al primer minuto de la independencia, suspendida al tiempo que proclamada, precisamente para negociar, es que, así como para decidir bastan el sujeto individual y su pretensión, lícita o ilícita, para negociar resulta imprescindible la presencia de otra parte.
El equilibrio en el predicamento, en la responsabilidad y, sobre todo, en el título para negociar es esencial. Se supone que la otra parte debe ser el presidente del Gobierno español, pero la parte que suspende lo que se acaba de proclamar, ¿con qué personalidad negocia? ¿Como presidente de la república catalana? Supongo que no, porque está suspendida. ¿Como presidente de la Generalidad catalana? Pienso que tampoco, porque para eso no necesitábamos pronunciamientos.
Una vez resuelto esto, ¿sobre qué se va a negociar? Si es sobre los temas ilegales que han mareado y creado zozobra a todos los españoles, también a los catalanes, más vale no perder el tiempo y dedicarse a trabajos más productivos y menos descorazonadores.
Es más, si llegásemos a definir los temas negociables por ambas partes, al pueblo español, que existe, le quedaría una duda: ¿tendríamos que suponer que lo pasado, pasado está? Eso sí que no. Quien, sediciosamente, ha cometido un atentado a la soberanía nacional debe ser castigado con la severidad que la ley prevé.
El todo gratis no puede imperar en estos casos, como tampoco en el resto transgresiones del orden jurídico.