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El PP, el terrorismo y sus víctimas

Con la ley y bajo la ley se pueden construir los fundamentos de una concordia que cierre definitivamente las heridas que el terrorismo ha dejado en la sociedad.

Mikel Buesa
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En la semana del 23 de enero el PP vio tambalearse uno de sus principales pilares ideológicos cuando, con ocasión del recuerdo a Gregorio Ordóñez, quedó envuelto en una polémica de tintes partidarios, alimentada por los allegados de UPyD que controlan la principal de las asociaciones de víctimas del terrorismo en el País Vasco, así como por la propia torpeza de los dirigentes regionales populares. Llovía sobre mojado, pues una semana antes se presentaba Vox de la mano de uno de los iconos de la lucha democrática contra el terrorismo -José Antonio Ortega Lara, quizás la víctima viva más emblemática de ETA- y de un notorio resistente civil contra ETA -Santiago Abascal, que fue diputado en el Parlamento vasco-. Y a ello se añadía el colofón de la salida de Alejo Vidal-Quadras de su viejo partido para integrarse en Vox, a la vez que la renuncia de Jaime Mayor Oreja a ser candidato en las elecciones europeas.

El caso es que, de repente, el Partido Popular se encontró severamente cuestionado en su política antiterrorista y, a la vez, en su compromiso real con respecto a las víctimas del terrorismo. Y no se discutía sobre los sentimientos de proximidad o comprensión hacia quienes directa o indirectamente hemos sufrido la violencia de ETA o de las demás organizaciones terroristas, sino acerca de la política sobre la que se asienta realmente esa solidaridad. El estrago causado en el partido gobernante ha sido, sin duda, severo. No hay más que ver, para constatarlo, que en la convención que el PP ha celebrado este fin de semana en Valladolid las cuestión de las víctimas del terrorismo -escenificada en la presencia y los discursos de personas tan significadas como Pilar Elías, Marimar Blanco o Manuel Giménez- ha ocupado un lugar central. Y, en consonancia con ello, también ha encontrado un hueco relevante en el discurso de Mariano Rajoy, quien ha proclamado con solemnidad:

La disolución incondicional de ETA y la derrota del terrorismo con todas sus consecuencias … [es] el único final aceptable en toda esta historia.

Loable, desde mi punto de vista, este objetivo del presidente del Gobierno. Lo aplaudo; pero mi entusiasmo sería mucho mayor si Rajoy hubiera acompañado su formulación de alguna indicación acerca de los cambios que va a introducir en su política antiterrorista, pues sin ello me temo que todo vaya a quedar en mera retórica destinada a calmar las aguas electorales y poco más.

Esa política antiterrorista de Rajoy, cuya gestión está encomendada al ministro Fernández Díaz, es en sus principales lineamientos una herencia del Gobierno precedente y, esencialmente, del diseño que introdujo en ella Alfredo Pérez Rubalcaba. Advierto de inmediato que, al decir esto, no estoy en absoluto defendiendo la tesis de que Rajoy está siguiendo la hoja de ruta que Zapatero pactó con ETA. No es así; y no lo es, sencillamente, porque la pretendida hoja de ruta -que, en un sentido laxo, existió- careció de vigencia tanto durante el final del primer mandato de Zapatero como a lo largo de su segunda legislatura, al ser sustituida por otra fórmula, mucho más severa con ETA, cuya paternidad corresponde al que entonces fuera ministro del Interior, Rubalcaba, y cuya oportunidad vino dada por la ruptura de la negociación escenificada en el atentado contra la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas, en el que murieron los ciudadanos ecuatorianos Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio.

Los dos pilares básicos de esa fórmula fueron el endurecimiento de la represión, a lomos del trabajo policial y la cooperación internacional, y el ofrecimiento a los terroristas presos de una puerta de salida, la vía Nanclares, basada en una interpretación flexible de la legislación penal y penitenciaria. Se trataba con ello de crear las condiciones que, muchos años antes, se habían urdido en el Pacto de Ajuria Enea para entablar una negociación legítima del final de ETA. Los resultados de la primera de esas directrices fueron notoriamente exitosos, pues ETA vio cómo iba disminuyendo su capacidad para cometer atentados hasta el punto de anunciar el abandono de las acciones violentas. Pero los de la segunda brillaron por su ausencia, de manera que, salvo en una proporción insignificante, los terroristas encarcelados no se acogieron a ella, impidiéndose así que tuviera lugar el final de ETA idealizado en la sede de la Lehendakaritza.

Pues bien, es este mismo diseño de la política antiterrorista el que viene gestionando el ministro Fernández Díaz desde el día de su toma de posesión. El PP no ha añadido sobre él ningún elemento nuevo ni ha cuestionado en lo más mínimo su utilidad para el logro de los objetivos que pretende. Ello, a pesar de que la experiencia acumulada en los dos años transcurridos desde entonces evidencia que el final de ETA, su disolución incondicional y su derrota -por emplear las palabras de Rajoy-, no ha llegado ni tiene visos de producirse. Digámoslo de otra manera: esa configuración de la política antiterrorista es útil para la contención de ETA, pero no va más allá porque su corolario no es otro que el final negociado de la banda armada -un final que, en mi opinión, muy acertadamente los populares no están dispuestos a aceptar, al menos por el momento.

Añadamos a lo anterior una anotación acerca de la torpeza con la que Fernández Díaz ha conducido la gestión de Interior en esta materia. Una torpeza que se ha manifestado en tres elementos muy significativos. El primero es su empeño en dar continuidad a la vía Nanclares sin entender los límites de esta política y su incapacidad para conducir a los presos etarras hacia el abandono y la delación. El segundo tiene que ver con la excarcelación de Bolinaga; y no porque este carcelero de ETA no pudiera ser objeto, por su enfermedad, de un tratamiento penitenciario especial -como, por cierto, ya había ocurrido con anterioridad en el caso Gogorza-, sino porque para obtenerlo había desafiado al Estado y el Estado, si quiere derrotar al terrorismo, no puede aceptar desafíos. Y el tercero se concreta en la imprevisión y negligencia con la que se ha conducido el asunto de la derogación de la Doctrina Parot, más allá de que las posibilidades de ganar el recurso contra la sentencia de Inés del Río en el Tribunal de Estrasburgo fueran remotas.

Pues bien, en este contexto, si el Gobierno quiere hacer honor a la promesa de Rajoy de derrotar al terrorismo, resulta imprescindible que introduzca cambios en su política. En Valladolid se ha oído que las críticas al PP en esta materia son injustas porque el partido no ha modificado ni sus objetivos ni su doctrina ni sus formas de actuación. Y este es precisamente el problema. Una reforma de la política antiterrorista es necesaria, no para entrar en ocultos cambalaches con ETA, sino para, desde la ley y con el concurso de sus víctimas concretas -no de unas asociaciones o fundaciones que, con escasa o nula legitimidad, dicen representarlas-, empujar hacia su disolución. Tome el Gobierno ejemplo de lo que se hizo en Italia, en 1987, cuando para derrotar a las Brigadas Rojas se legisló sobre la disociación de los terroristas.

Claro que, para ello, será necesario abandonar toda esa retórica del arrepentimiento y el perdón que inmoviliza a nuestros gobernantes, y habrá que construir un nuevo discurso sobre el valor político de la ley, incluso cuando ésta contiene elementos transaccionales que definen la justicia en los términos que convienen a la sociedad. Los que somos víctimas del terrorismo sabemos que, como dijo el cineasta Rithy Panh a propósito de su amarga experiencia bajo el régimen de Pol Pot en los campos de trabajo y exterminio camboyanos, "la justicia no es la verdad". Pero ello no nos impide reconocer que, más allá de la reivindicación de nuestro resentimiento, con la ley y bajo la ley se pueden construir los fundamentos de una concordia que cierre definitivamente las heridas que el terrorismo ha dejado en la sociedad.

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