El dogma de nuestro tiempo, en el orden político, es que en democracia se pueden defender todas las ideas, siempre que sea de forma pacífica y a través de los cauces establecidos. Naturalmente, este salvaconducto solo opera en el caso de las ideas políticas, porque cualquier asociación, corporación o grupo organizado que quisiera promocionar el asesinato, la trata de blancas o cualquier otro delito y convertirlo en un derecho básico quedaría inmediatamente fuera de la legalidad y, por tanto, incapacitado para operar en la vida pública. De hecho, no hace falta promover el delito como tal, sino simplemente poner en duda alguno de los constructos sociológicos consagrados por la izquierda, para negar a una organización la inscripción en el registro oportuno y dejarla fuera de la ley antes de que empiece siquiera a actuar.
La secesión de un territorio goza, en cambio, de ese privilegio, que ya no es que permita sino que invita a todos los que quieran destruir el orden político a participar en la vida democrática como cualquier otra fuerza política, en régimen de igualdad. Las razones de que esto ocurra de manera muy significativa en España (en otros países de nuestro entorno están prohibidos los partidos contrarios a sus respectivas constituciones) son muy variadas, entre las que destacan quizás el complejo de nuestra clase política hacia los nacionalismos periféricos y también la estrecha relación de la izquierda con esas fuerzas centrífugas, forjada en los últimos años de la dictadura de Franco.
Sea como fuere, el hecho es que en Cataluña (como en el País Vasco, Navarra, Galicia y, en menor medida, en otras regiones con formaciones nacionalistas) hay partidos con gran representación parlamentaria y en el ejercicio del poder a los que se respeta en su funcionamiento siempre y cuando no lleven a cabo de forma efectiva aquellos objetivos que figuran en su programa fundacional. El PNV, ERC o Convergencia (y sus sucesivas secuelas) usan el poder y los fondos públicos para avanzar en su agenda independentista con total libertad, y tan solo cuando dan el paso en firme de declarar la secesión anunciada en sus estatutos los poderes del Estado se ponen en marcha para impedirlo.
La frustración de sus millones de votantes está por tanto plenamente justificada, dado que el planteamiento desafía a toda lógica: "Si mi partido es legal e incluso ejerce una importante cuota de poder político, ¿por qué se actúa contra nosotros cuando llevamos a cabo aquello por lo que venimos trabajando sin descanso durante décadas con todas las bendiciones democráticas?".
Así pues, una de dos: o se ilegaliza a las fuerzas políticas que quieren destruir el orden constitucional o se les permite que lleven acabo sus planes (si es que pueden). Prolongar la situación actual solo aumentará la frustración de los partidarios de la destrucción de España y la desesperación de los que quieren una nación unida, próspera y en paz.