Las cuentas de la Generalidad están intervenidas por Hacienda y los altos cargos autonómicos deben justificar, en teoría, cada euro de gasto, pero el control no es estricto ni llega mucho más allá. El visto bueno a todo es la norma bajo la supervisión del Gobierno. Puro trámite. Los funcionarios de la administración regional están sorprendidos ante la nula incidencia de la aplicación del artículo 155 de la Constitución en las tareas habituales de agitación, propaganda y manipulación de sus jefes. Los enviados del Ejecutivo de Mariano Rajoy se han avenido incluso a agilizar el pago de las subvenciones a los medios dedicados a difundir el discurso del odio contra España.
Poco ha cambiado en el día a día de la Generalidad. La mayoría de los cargos de confianza colocados por ERC y Convergencia han seguido en sus puestos y han podido compaginar el "trabajo" con los viajes a Bruselas para conspirar contra el Estado sin merma en sus suculentas nóminas ni mayores contratiempos. Si esto es la guerra, que no venga la paz, canturrean. En los Mossos cayó Trapero y poco más. Este miércoles, cerca del "Parlament", un grupo de agentes identificaba y retenía durante casi una hora a cuatro personas por llevar banderas españolas mientras a su lado unos separatistas llenaban las vallas de lazos amarillos. Las instrucciones son las mismas y en algunas comisarías hay carteles separatistas en pasillos y despachos. Igual que en todas las consejerías.
El 155 es la última leyenda urbana. Cuentan los separatistas que en cada cubículo de la Generalidad hay un censor del Estado que se dedica a destruir a conciencia la gran obra del nacionalismo, pero no parece que tan ardua labor tenga efecto. En realidad, aumentan las sospechas sobre la existencia de algo parecido a tal artículo de la Carta Magna. No hay hombres de negro ni chicas de blanco en las curvas.
Una prueba, entre muchas otras, del carácter mitológico de la cifra es la "decoración" de la fachada de la consejería de Economía, aquella de Junqueras en la que estuvo a punto de ser linchada una comitiva judicial que pretendía llevar a cabo un registro y estuvo retenida en el interior durante casi 20 horas. En un balcón, una pancarta contra el 155; en el otro, otra con la cara del antedicho y las palabras "libertad", "presos" y "políticos". ¿Libertad de expresión? ¿Bajo la bota del 155? Raro.
Así es que la consejería de Economía, un edificio público sostenido por el esfuerzo fiscal de todos los ciudadanos, incluso los que no votan a partidos separatistas, es una gran valla propagandística del separatismo, a pesar de que todavía está en vigor el artículo 155, catalogado por los partidos separatistas como un "golpe de Estado". Los carteles llevan en la fachada varias semanas sin que hayan suscitado la más mínima actuación de la Delegación del Gobierno o del Ministerio de Interior, del que, se asegura, dependen ahora los Mossos. El edificio no es difícil de localizar. Está en el centro de Barcelona, en la rambla de Cataluña entre Gran Vía y Diputación.