Mariano Rajoy ha anunciado su voluntad de impulsar "una agenda de mejora de la calidad democrática". Esta es una buena noticia que indica que la cúpula del PP ha escuchado el mensaje lanzado por los españoles en las recientes elecciones europeas. Más allá del anuncio, eso sí, no se han propuesto medidas concretas. Se ha abierto un proceso de reflexión. Entre las ideas que se están barajando destacan las de impulsar la elección directa de los alcaldes y la de reducir el número de diputados autonómicos.
Cada una de las propuestas deberá ser estudiada con detalle para evitar que la voluntad inicial se vea insatisfecha en la práctica. El diablo, como siempre, está en los detalles. Por ejemplo, si pasamos a un modelo de elección directa de los alcaldes, ¿sería a una o a dos vueltas? Si fuese a dos vueltas, lo más seguro es que el candidato de izquierdas aglutinase todo el voto de izquierdas y el candidato del PP que hubiese ganado de lejos en primera vuelta podría, finalmente, ser derrotado. Además, habría que especificar cuál sería la nueva labor de los concejales, en particular para aclarar si las grandes decisiones del municipio las decidiría el alcalde directamente o necesitaría del respaldo de una mayoría de concejales a través de su voto.
Dicho esto, la cuestión de fondo que toda iniciativa regeneradora debe afrontar es, a mi juicio, la siguiente: ¿en qué medida mejora la representación política de los españoles? La política española está demasiado centrada en gobernar el Estado y demasiado poco en representar a los ciudadanos. La exigencia actual de los españoles es que sus políticos se preocupen por representarlos y por rendirles cuentas, cosa que el sistema basado en las listas cerradas y bloqueadas impide de manera palmaria.
En este sentido, la reforma clave sería acabar con las listas electorales cerradas y bloqueadas e ir hacia un sistema alemán que mezcle las listas y las circunscripciones uninominales (en las que se vota a una persona), como ha propuesto el PP de Madrid.
A la espera de que ésta llegue a nivel nacional, las demás propuestas deberán ser juzgadas en función de si mejoran la calidad de la representación política. A bote pronto, no veo en qué medida lo haría la elección directa de los alcaldes. La motivación para presentar esta propuesta es una de gobierno a nivel local: que gobiernen los que más votos sacan. Sin negar que esto pueda estar justificado, la duda es en qué medida los elegidos en las urnas van a sentirse más responsables ante sus votantes que antes. Las reformas deben ir dirigidas a mejorar la vida de los representados más que de los gobernantes.
Y en cuanto a la reducción del número de diputados autonómicos, va más bien en dirección opuesta a los intereses de los representados dado que éstos tendrían menos personas a las que dirigirse para pedirles que les rindan cuentas. Aunque con el sistema actual de listas cerradas y bloqueadas el número de diputados es más bien irrelevante; para éstos la prioridad son los deseos de los que elaboran las listas más que de los votantes. El número de diputados –más allá de su coste– no parece ser tan relevante para la calidad democrática española como su actuación. Centrémonos en mejorar su labor.
El sistema nacido de la Transición ha primado tanto la gobernabilidad de España que ha orillado la aspiración de los españoles a verse representados por sus políticos. La desafección ciudadana generada por este sistema, al alimentar el auge ultra izquierdista y populista, está amenazando la gobernabilidad del país. Hoy, la gobernabilidad exige mejorar la representación de los españoles.