Confederación Española de Policía (CEP)

La vicepresidenta primera del Gobierno salió este miércoles en defensa del ministro del Interior al calificar de "irresponsable" que los populares consideren que el "chivatazo" a ETA fue una orden política. De este modo, intentó quitar responsabilidad alguna al Gobierno para echársela a las Fuerzas de Seguridad. Precisamente, pocas horas antes el Sindicato Unificado de Policía había señalado a algún agente de la Ertzaintza como posible soplón, aunque la Confederación Española de Policía atribuyó este hecho a la cercanía política entre el sindicato y el Partido Socialista.

El secretario general de la Confederación Española de Policía, Lorenzo Nebrera, advirtió este miércoles de que el Sindicato Unificado de Policía puede haber recibido presiones por parte del Gobierno, dado su cercanía al PSOE, para ampliar el abanico de sospechosos del "chivatazo" a otros cuerpos de seguridad. El SUP sostiene ahora que "es más probable" que el agente que presuntamente dio el 'chivatazo' sea de la Ertzaintza, a pesar de que la investigación era de la Policía Nacional, al igual que el teléfono que utilizó el soplón.  

La Confederación Española de Policía y la Unión Federal de Policía coincidieron este martes en destacar que lo importante en la investigación sobre el chivatazo policial a los miembros de la red de extorsión de ETA es que se sepa qué cargo político ordenó hacerlo. Sin embargo, mostraron sus diferencias en cuanto a la responsabilidad de debe caer sobre el autor material del chivazado, puesto que, mientras la CEP cree que "es el primero que debe pagar", la UFP apuesta porque "no sea identificado", ya que cumplió órdenes.

El diario El Mundo desvelaba este jueves que a Joseba Elosua, el considerado jefe de la ya desarticulada red de extorsión de ETA, le avisaron "un madero y su compañero" de que le iban a detener cuando se desplazara a Francia. Jaime Mayor Oreja considera que es una de las noticias "más graves de todas cuantas ha habido hasta ahora", por lo que ha exigido una "limpieza total" en la Comisaría General de Información de Telesforo Rubio. El PP, ante esta cuestión "intolerable", ha pedido la comparecencia del ministro del Interior por "higiene democrática". La Confederación Española de Policía también ha exigido explicaciones inmediatas a Rubalcaba.

Los sindicatos policiales CEP y SUP han solicitado al Ejecutivo que "endurezca" la legislación para que el "secuestro exprés" no resulte "tan barato" para los delincuentes, normalmente de origen sudamericano o de países del Este. Esta práctica se ha convertido en un nuevo fenómeno delictivo en Cataluña y en Madrid, aunque no es nueva en España, según señaló el portavoz de la Confederación Española de Policía (CEP), Isidoro Zamorano, ya que se vienen registrando casos similares desde hace alrededor de "año y medio".

El portavoz en materia de inmigración de la Confederación Española de Policía, Rodrigo Gavilán, ha desvelado en declaraciones a La Linterna de la COPE que el Gobierno ha cancelado este martes por la noche un vuelo que iba a trasladar a 90 policías a Las Palmas de Gran Canarias para proceder, en tres vuelos en los próximos dos días, a la repatriación de un total de 180 inmigrantes a Mauritania y Guinea. Pero estos países no han aceptado las repatriaciones. Gavilán explicó que, pese a lo dicho por De la Vega, la realidad es que, ante la imposibilidad de expulsarlos, "todos los que llegan son trasladados a la Península Ibérica" y reveló que sólo este año ya son "unos cinco mil".

"Al margen de la gravedad de las sanciones impuestas, creemos que existe una responsabilidad política superior a la de estos tres funcionarios. Ésta, asumida en la tarde de hoy por el Delegado del Gobierno, no queda suficientemente depurada con su dimisión, debiendo llegar al titular del Ministerio del Interior en esos momentos, hoy titular de Defensa, Sr. Alonso". La Confederación Española de Policía ha pedido así la cabeza de José Antonio Alonso pocos minutos después de conocerse la dimisión de Méndez. Por el contrario, desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP), próximo al PSOE, han calificado la sentencia de "absolutamente injusta y muy politizada".

El alto tribunal andaluz revocó el pasado mes de diciembre una sentencia firme propia, emitida en mayo de 2005, en la que reconocía que un policía nacional sufría el denominado síndrome del norte como consecuencia del estrés postraumático vivido durante los años que desempeñó su actividad laboral en la comunidad vasca. La decisión de la sala se produjo después de que la sentencia fuese comunicada al ministro del Interior y de que aceptase informes presentados por el Abogado del Estado fuera de plazo y con sentencia ya firme.

Mientras Mariano Rajoy, presidente del PP, considera que el anuncio de ETA "es una pausa" y no "renuncia a la actividad criminal" ya que el grupo criminal "no se arrepiente de nada", el ex presidente Aznar ha recalcado que "el Gobierno socialista regresa a aquella visión, tan derrotista, del trato con los terroristas". La popular vasca María San Gil quiso añadir que "la lista de cesiones por parte del PSOE" a ETA y Batasuna "es enorme y algo tendría que hacer la banda terrorista". La Asociación de Víctimas del terrorismo (AVT) ha expresado "su más absoluto rechazo" al anuncio de ETA y la Confederación Española de Policía (CEP) ha pedido al Gobierno que "no otorgue ninguna concesión política ante esa banda de asesinos". Lea en esta noticia más reacciones tras el anuncio de los terroristas.