Guardia Civil

El ministro de Defensa ha optado ahora por mantener un tono firme en relación a la manifestación de agentes uniformados de la Guardia Civil días después de que dijera que "no le consta" que se cometiera "ninguna ilegalidad". Según Alonso, de viaje "sorpresa" en Afganistán, la cúpula militar tiene su "pleno apoyo" para que "se aplique la disciplina", en alusión al expediente contra el brigada Jorge Bravo por su presencia en la protesta y por unas declaraciones sobre la gestión del Gobierno en el accidente del Cougar. Respecto a los guardias civiles sancionados, ha aclarado ahora que "eso no puede hacerse", en alusión a la protesta de uniforme.

Juan Antonio Delgado, secretario de Comunicación de la AUGC, ha recibido este lunes la notificación de su suspensión durante tres meses y la apertura de un expediente por falta muy grave por su presencia en la manifestación de la Guardia Civil. Delgado no ha recibido la comunicación oficial hasta tres días después de que se hiciera pública, lo que el sindicato ha considerado "un intento de intimidación del colectivo" por parte del Gobierno. El portavoz actuó como presentador de los oradores en la protesta de los agentes uniformados en Madrid.

El diario El Mundo publica este lunes una prueba más de que Félix Hernando, coronel jefe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, cometió falso testimonio ante la comisión parlamentaria del 11-M. Compareció el 20 de julio de 2004. Entonces afirmó que fue en febrero de 2003 cuando su unidad había dejado de controlar a Suárez Trashorras, el que acumula una petición mayor de cárcel en el sumario de la masacre, y a Antonio Toro. Sin embargo, hay varios informes posteriores de la UCO que detallan todos los pasos del ex minero y su ex cuñado en el tráfico de explosivos, armas y drogas. Recoge, ya un año antes del 11-M, la intención de los dos procesados de vender una importante cantidad de Goma 2.

El líder popular Mariano Rajoy ha asegurado que tras la insólita manifestación de guardias civiles uniformados, el departamento de Alfredo Pérez Rubalcaba empieza a ser un problema para España". Fernando Carrillo, ex secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, ha invitado a Interior a mantener una reunión con el sector que reclama la desmilitarización de la Benemérita, ya que la AUGC advierte al Gobierno con que "no les callarán". La respuesta del Gobierno a la manifestación de guardias civiles ha estado plagada de vacilación y contradicciones, hasta que Joan Mesquida, director general de la Policía y la Guardia Civil, ha decidido suspender de empleo y sueldo a dos dirigentes de la AUGC.

El director general de la Guardia Civil ha decidido suspender durante tres meses, de forma cautelar, al secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Joan Miquel Perpinya, y al secretario de Comunicación, Juan Antonio Delgado, como consecuencia de la concentración que dicha asociación convocó en Madrid el pasado sábado y a la que los guardias civiles acudieron de uniforme. El resto de la directiva puede recibir en las próximas horas la suspensión cautelar, unida a la apertura de un expediente informativo. Alonso, tras decir que no le "consta" que los guardias civiles cometieran "algún tipo de ilegalidad", rectificó y dijo que sus palabras se malinterpretaron. El PP, por su parte, ya señaló que el informe no era la solución y que la responsabilidad la tenían que asumir Interior y Defensa.

El brigada Jorge Bravo ha ingresado en una prisión militar como sanción por una falta grave. El Ejército de Tierra le impuso el castigo de permanecer en la cárcel un mes y un día por unas declaraciones que hizo Bravo en rueda de prensa como presidente de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME). En ellas, denunció dificultades a la hora de saber lo que ocurrió en Afganistán cuando se estrelló el Cougar. El comunicado del arresto coincide con las críticas desde el Ejército por el reparto de la subida salarial. Además, Bravo participó en la concentración de la Guardia Civil del sábado.

A continuación reproducimos de forma íntegra las "puntualizaciones" que la Unión de Oficiales de la Guardia Civil ha realizado sobre el informe que Joan Mesquida ha ordenado realizar.

El PP ha afirmado que el informe encargado por el director general de la Policía y la Guardia Civil, Joan Mesquida, sobre la protesta de la Guardia Civil "no es la solución" y consideró que la responsabilidad la deben asumir los ministros de Interior y Defensa por su "incompetencia en la gestión"."La responsabilidad deben asumirla José Antonio Alonso y Alfredo Pérez Rubalcaba por ser incompetentes en la gestión con respecto a la Guardia Civil y por haber generado expectativas y promesas a los guardias civiles que ahora son incapaces de cumplir", ha afirmado la popular Alicia Sánchez Camacho.

El ministro de Defensa aseguró hace dos días que no le "consta" que los guardias civiles que se manifestaron uniformados en Madrid cometieran "algún tipo de ilegalidad". Rubalcaba no debía estar de acuerdo con esa afirmación, porque fuentes del departamento de Alonso informaron que en la conversación mantenida este martes entre los dos ministros, el titular de Defensa matizó que con su declaración no pretendía prejuzgar los hechos pero cuando se pronunció los desconocía de manera oficial. Ahora, Alonso dice, finalmente, que sus palabras sobre la manifestación se malinterpretaron y subraya que los guardias civiles no pueden concentrarse. Mientras, previa orden de Interior y Defensa, Mesquida ya ha encargado un informe.   LAS PROMESAS INCUMPLIDAS DEL PSOE