Los cinco sucesos que conmocionaron a España en 2025

Hemos acabado el año con el estremecedor caso del pequeño Luccas, el niño de 4 años que presuntamente fue violado y asesinado el 3 de diciembre en Almería. Pero han sido muchas las muertes violentas o en circunstancias dolorosas que se han registrado a lo largo del 2025. Especialmente conmovedores fueron los crímenes del exalcalde de Gandía Arturo Torró y la educadora social de Badajoz, así como los supuestos suicidios pactados de las adolescentes de Jaén y la desaparición de una española en Indonesia.

Asesinato de Torró, en febrero

El cadáver del empresario y exalcalde de Gandía (PP) Arturo Torró —de 62 años— fue hallado el 19 de diciembre por la noche "con signos de violencia" en el kilómetro 37 de la autovía A-38 sentido. Fuentes cercanas a la investigación confirmaron a Libertad Digital que el vehículo estaba "con el motor todavía en marcha" y que su cuerpo presentaba "una herida punzante circular cerca del corazón, compatible con un arma de fuego".

La autopsia reveló que el tipo de arma utilizada podría indicar que se trataba de un asesino no profesional. Era pequeña, por lo que tuvieron que dispararle prácticamente a quemarropa. La hipótesis del robo se descartó porque no se llevaron sus cadenas de oro. Los investigadores las achacan a un forcejeo.

Previamente, su mujer había recibido una llamada de Torró comunicándole que le "le ocurría algo con el coche". Se dijo que el/los responsable/s de su muerte —se cree que son varios— podrían haberle pinchado las ruedas para obligarle a parar. Sin embargo, más tarde se comprobó que los neumáticos estaban intactos. Torró llevaba una vida tranquila, alejado de la política. Aunque había tenido algunos problemas con la justicia.

Crimen de la educadora social, en marzo

La educadora social Belén Cortés Flor, de 35 años, fue asesinada el 9 de marzo por dos de los menores que estaban a su cargo en una vivienda de cumplimiento de medidas judiciales en el ámbito educativo de la urbanización Guadiana de Badajoz. Dos adolescentes de 14 y 15 años que la estrangularon hasta la muerte con un cinturón de rafia que fue encontrado en la escena del crimen y que hace unos días fueron condenados a 6 años de internamiento en régimen cerrado y otros 3 años de libertad vigilada por acabar con la vida de la mujer.

Otra menor, una chica de 17 años, estuvo implicada en los hechos. Inicialmente se dijo que no habría participado en el asesinato y que su participación se limitaba al plan de fuga. Sin embargo ha sido condenada a 5 años de internamiento en régimen cerrado y tres años adicionales en libertad vigilada como cómplice de los hechos. La sentencia indica que la imposición de estas medidas —dirigidas a la protección y reinserción de los condenados— se encuentran en el límite establecido por la ley para menores involucrados en delitos de especial gravedad.

Los compañeros de Belén aseguraron tras su asesinato que ella había denunciado días atrás a uno de los menores por supuestas amenazas que se habrían producido en el piso tutelado, que —destacaron— no contaba con cámaras ni personal de seguridad. Eran chicos problemáticos, con antecedentes violentos y delictivos. Uno de ellos habría llegado a cometer cerca de 40 delitos en un solo fin de semana. De ahí que su crimen desatara una oleada de críticas a la Administración, que no tomó medidas para proteger a la educadora social. Tras cometer el crimen, los autores le robaron sus pertenencias e intentaron huir con su coche.

La desaparición de Mati, en julio

La ferrolana María Matilde Muñoz Cazorla —de 72 años— fue vista por última vez el 1 de julio en la isla indonesia de Lombok, a la que había llegado unos días antes y en la que pasaba largas temporadas cada año. Se había convertido en uno de los lugares favoritos del mundo de la mujer, azafata de vuelo jubilada y afincada en Mallorca, que vivía buena parte del año viajando por Asia.

Mati —como la llaman sus allegados— había alquilado una habitación en el hotel Bumi Aditya y había pagado tres semanas de alojamiento por adelantado. La versión de los trabajadores del establecimiento presentaba contradicciones y la aparición de sus pertenencias en unos cubos de basura cercanos hizo saltar todas las alarmas.

Dos meses después, la policía halla su cadáver enterrado en la playa y dos hombres —un trabajador del hotel y un exempleado del mismo— acaban confesando que habían matado a la española asfixiándola en su bungalow. Todo para robarle 3 millones de rupias (aproximadamente 155 euros). Intentaron usar una de sus tarjetas bancarias, pero no lo lograron.

El suicidio pactado de Jaén, en noviembre

Dos adolescentes aparecieron colgadas de la rama de un árbol del Parque de la Concordia de Jaén en la madrugada del sábado 29 de noviembre. Los cuerpos de Rosmed —de 15 años— y Sharit —de 16— fueron encontrados por el padre de la segunda alrededor de la 1:20 horas. El caso se contempló como un suicidio pactado desde el principio, aunque había algunos detalles difícilmente explicables.

Los investigadores descartaron que sufrieran acoso escolar en la actualidad y —por tanto— que el bullying estuviese directamente relacionado con sus muertes. Una de las líneas de investigación estaba dirigida a intentar determinar la relación que existía entre las chicas y si una de ellas indujo al suicidio a la otra. Las menores, españolas de origen colombiano, tenían perfiles muy distintos.

También sus familias. Las diferencias entre ellas no tardaron en salir a la luz pública. Los padres de Sharit nunca creyeron que su hija decidiese quitarse la vida y apuntaban a la implicación de terceras personas, llegando a tachar su muerte de "homicidio disfrazado". La menor llevaba unos meses saliendo con un chico, su primer novio. Aunque las dos amigas podrían haber mantenido en secreto una relación sentimental.

El caso del pequeño Luccas, en diciembre

El 3 de diciembre, la Guardia Civil encontraba el cadáver maltrecho del pequeño Luccas —de 4 años— abandonado en un búnker de la Guerra Civil ubicado en una playa del término municipal de Garrucha. Poco después eran detenidos tanto su madre como su padrastro. El menor habría sido violado y asesinado a golpes, según se recoge en el auto de ingreso en prisión de ambos. Ella decidió no declarar.

Él aseguró que no había pegado ni agredido sexualmente al niño, que su muerte fue "accidental". Juan David R. C. sostiene que se produjo "como consecuencia de una dolencia que venía arrastrando (estomacal, intestinal, hinchazón de estómago y demás) desde unos siete o diez días antes de que se produjera el fallecimiento" y "en presencia de ambos", explicó en declaraciones a Libertad Digital su abogado de oficio, Manuel Martínez Amate.

La pareja no habría llamado a Emergencias por "miedo". Él tenía una orden de alejamiento por un episodio de malos tratos anterior que le impedía acercarse a la mujer y a su hijo desde el pasado 20 de octubre. Aún así habían decidido reanudar la convivencia, por lo que temían las consecuencias que pudiera tener para ellos el quebrantamiento de la misma.

No obstante, su defensa apunta a la posibilidad de que las lesiones del pequeño se debiesen a una "manipulación corporal agresiva" realizada en el marco de un ritual de "purificación" o "sanación", ya que Juan David afirma que se enteró de que la madre había recurrido a un "curandero" justo después de la muerte del niño.