Huelga

  El pleno del Congreso debate este martes una moción del grupo popular, en la que pide al Gobierno que adopte medidas para amortiguar el efecto del incremento del precio de los hidrocarburos en las familias y en los sectores más vulnerables, entre ellos los transportistas, pescadores y agricultores.

  Las flotas pesqueras de Cantabria, Guipúzcoa y Vizcaya parará desde este lunes en protesta por los precios de los carburantes y las dificultades que atraviesa el sector. Además, los pescadores de arrastre del Golfo de Cádiz cumplen hoy una semana de paro indefinido. Según fuentes del sector, los primeros problemas de desabastecimiento de pescado fresco podrían comenzar el martes.

Aún no han pasado 24 horas desde que comenzara la huelga de transportistas y el 40 por ciento de las gasolineras se han quedado sin combustible, según la Federación Catalana de Estaciones de Servicio. A estas se suman el 15 por ciento de las gasolineras madrileñas, que según la patronal del sector en esta comunidad también están desabastecidas. Poco antes de conocerse esta información, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguraba que no habrá problemas de abastecimiento ni faltará suministro energético.

Los intentos del Gobierno por frenar el paro de los transportistas no han surtido efecto: las protestas que ya se han producido este fin de semana prometen recrudecerse en los próximos días. Es la imagen de una crisis que el Ejecutivo lleva negando meses y para la que insiste en buscar culpables fuera. El último ejemplo, las "recomendaciones" de Zapatero a Trichet por el alza del Euribor.

"Molestaremos en la carretera". Dicho y hecho. Los transportistas, que se preparan para paralizar el país este lunes si Zapatero no concreta medidas, están intentado forzar al Gobierno donde hacen más ruido. Este domingo, camioneros de Cataluña han circulado lentamente y con paradas por la autopista AP-7, cerca de la zona de acceso al circuito de Montmeló (Barcelona), donde se celebra el GP de Motociclismo. Ante el requerimiento de los mossos, los huelguistas han terminado desistiendo. 

Los transportistas autónomos ha decidido finalmente paralizar el país si el Gobierno no firma sus reivindicaciones y concreta medidas. Lo harán manifestándose en las carreteras, "que es donde más duele", según han dicho al término de la asamblea celebrada en Morata de Tajuña (Madrid). "El Gobierno sólo va a escuchar cuando le llegue el agua al cuello", ha afirmado el presidente de la Plataforma Nacional de Transportistas, que ha apuntado también a "sorpresas" en la Expo de Zaragoza. Mientras, el PP ha achacado la situación a la incapacidad del Gobierno para reaccionar.

Cristóbal Montoro ha acusado a la "la falta de reacción del Gobierno" la tensión presente en colectivos como los agricultores, pescadores y transportistas, que tienen previsto un paro a partir de este lunes. El portavoz económico del PP ha exigido "reaccionar y atender" unas solicitudes que califica de "razonables" para un sector que "lo está pasando muy mal". El Ejecutivo, sin embargo, sigue sin concretar qué hará para solucionar el conflicto, cuya raíz es el precio del combustible.

Ante la ausencia de medidas del Gobierno contra la situación a la que hacen frente los transportistas, el paro indefinido convocado por éstos va recabando apoyos progresivamente. Así, los trabajadores autónomos (ATA) o el Sindicato de Transportistas de Vizcaya se van sumando a la protesta impulsada a nivel nacional por la subida de los precios del petróleo. Mientras, otras asociaciones han decidido esperar "momentáneamente" a adherirse, pero no a realizar manifestaciones a menor escala. 

Ante la inminente huelga de los transportistas a partir del lunes, que podría venir precedida de nuevos cortes de carreteras, Zapatero se ha limitado a decir que es "plenamente sensible" al impacto de un alza del petróleo "a todas luces excesivo". Mientras, Rubalcaba ha prometido garantizar "la seguridad" de "todos" y Blanco ha augurado "medidas". Ninguno de ellos ha concretado, sin embargo, qué está dispuesto a ofrecer el Ejecutivo, pese a que se ha constituído un Comité de Coordinación y Seguimiento para estudiar los paros y las marchas de las negociaciones.