Si en España hay una compañía que haya crecido a la sombra de los privilegios y favores del poder político, ésa es sin duda el Grupo Prisa. Desde sus inicios bajo el franquismo hasta su explosión bajo el felipismo, no ha habido ningún negocio suyo –editorial, periodístico, radiofónico o televisivo– que no haya recibido ayuda directa o indirecta por parte de las instituciones públicas, especialmente –aunque no de manera exclusiva, Gallardón entenderá por qué– de las gobernadas por el PSOE.

O al menos así fue hasta que Zapatero decidió crearse un grupo mediático alternativo, menos vinculado a la vieja guardia socialista, y comenzó, como es costumbre en el partido, a concederle los preceptivos favores para que creciera económicamente; a saber, una licencia de televisión en abierto en 2005 (por la que tuvo que compensar a Prisa con otra en análogas condiciones) y, ahora –coincidiendo con el inicio de la Liga de fútbol– de la TDT de pago que permita a a Mediapro rentabilizar sus multimillonarios contratos deportivos.

La indignación de cualquier liberal ante esta sucesión de cacicadas mediáticas es más que comprensible. Primero, por padecer un mercado tan sumamente intervenido en el que los empresarios que quieran participar en él han de contar con una concesión del Ejecutivo; segundo, porque aun en un mercado tan distorsionado y manipulado, uno esperaría que se aplicaran unos mínimos criterios de igualdad de acceso y de no arbitrariedad. Pero obviamente ni lo uno ni lo otro, ya que si por algo se nacionalizó en su momento el espectro radioeléctrico fue para que el Estado pudiera controlarlo y manejarlo a su antojo.

Y si, como decimos, un liberal tendría razones para rebelarse, no puede decirse lo mismo de los antiliberales que se han convertido en multimillonarios gracias a este tráfico de licencias a cambio de actuar como ariete mediático del poder político. Al fin y al cabo, que Cebrián se queje de la urgencia con la que el Gobierno ha aprobado una normativa dirigida a "favorecer los intereses de una empresa cuyos propietarios están ligados por lazos de amistad al poder" no deja de sonar demasiado a una descripción autobiográfica de su trayectoria profesional, por mucho que el consejero delegado de Prisa diga haberse convertido en un "ferviente partidario" de la libre competencia mediática.

Lástima que tal caída del caballo se haya producido cuando Prisa ha dejado de ser la directa beneficiaria de las regulaciones públicas y no, por ejemplo, cuando un editorial de El País servía para "tumbar un gobierno"; tremendo poder a cambio del que obtuvieron el monopolio de la televisión de pago en 1989, se les hizo la vista gorda con el cierre ilegal de Antena 3 Radio en 1993, se inaplicó sistemáticamente la setencia del Supremo sobre la desconcentración de los postes de radio desde el año 2000, se les permitió crear una cadena de ámbito nacional para la que carecían de licencia con Localia y se les concedió un nuevo canal nacional de televisión en abierto –Cuatro– en 2005... por citar sólo algunos de los más claros favores de las distintas administraciones a Prisa.

Esta bien que Cebrían reconozca que "la ideología no es ninguna frontera para la incompetencia. Tampoco para la corrupción". Por lo visto, sin embargo, para Prisa la cartera y las cuentas anuales sí suponen una nítida frontera para la ideología, la incompetencia y la corrupción. Nada que, por otro lado, deba sorprendernos de un emporio que nació gracias al franquismo y que tuvo que mutar progresivamente de piel con el regreso del socialismo. Es el amargo llanto no de quien lamenta el instrusismo gubernamental en las sociedades libres, sino de quien lamenta no ser el beneficiario de ese intrusismo.