La cumbre del G-20 (más España y Holanda) se ha saldado con una solución de compromiso que recoge las exigencias de sus principales participantes. Por una parte, la defensa del libre mercado y del comercio hecha en los últimos días por el presidente George W. Bush y secundada por el primer ministro británico Gordon Brown aparece en varios lugares de la declaración conjunta. Sin embargo, la ausencia de mecanismos y garantías para que los trabajos del G-20 no redunden en una merma de la libertad convierte este compromiso con una "economía abierta global" en poco más que un brindis al sol.
Sólo la firmeza británica, desmentida por la política aplicada por Brown en su país, y el apoyo de los EE.UU., algo dudoso si tenemos en cuenta las promesas de Barack Obama y la sinuosa agenda seguida por la Casa Blanca durante la presidencia de Bush, podrían evitar que la próxima reunión, en Londres, provoque un aumento del proteccionismo y el nacionalismo económico, dos de las mayores amenazas para un mundo libre, próspero y en paz.
La admisión de la exigencia franco-rusa de concesión de carta blanca a los estados para intervenir en cualquier sector de la economía, un principio que permea toda la declaración, y el reforzamiento de los poderes el FMI y el Banco Mundial, dos instituciones que con frecuencia no han hecho sino agravar los problemas de corrupción de los países en los que han intervenido, deben ser causa de preocupación para los millones de personas que en las últimas décadas se han visto beneficiadas por la globalización.
Es cierto que la "inadecuada apreciación de los riesgos", uno de los conceptos más reiterados y elaborados a lo largo del texto, puede haber contribuido a la crisis que padecemos. No obstante, olvidar el papel fundamental que los estados han jugado en el fomento de situaciones de riesgo moral por parte de los agentes económicos equivale a contar una verdad a medias. Por otra parte, a la vista de la explosión de gasto público y déficit desencadenada por los planes de rescate adoptados en todo el mundo, las menciones a la sostenibilidad fiscal, el crecimiento y la probidad se nos antojan difíciles de creer.
Las matizaciones y las sugerencias que los diferentes gobernantes expresen en los próximos días nos permitirán juzgar esta reunión por lo que realmente ha sido. Hasta el momento, su negativa a asumir cualquier responsabilidad política es decepcionante.
Por lo que respecta a Rodríguez Zapatero, su discurso, marcado por el populismo, el radicalismo y la hipocresía, ha confirmado los peores presagios. El presidente del Gobierno ha pedido la transparencia que él mismo niega en España. Además, ha denunciado los beneficios empresariales, como si la reinversión, la innovación, la creación de empleo y por supuesto los réditos para los accionistas fueran algo malo. Asimismo, ha exigido la creación de organismo de gobernanza global, reavivando así la distopia del Gobierno mundial. Por último, se ha mostrado preocupado por la desigualdad y la intolerancia, precisamente las políticas practicadas por sus aliados, y se ha referido a la pobreza, justo el resultado que históricamente han producido las medidas que propugna.
Incluso el presidente francés Sarkozy, uno de los mayores defensores actuales de la extensión de los poderes del Estado, ha hecho una referencia retórica a la libertad económica, algo que no parece importar a Zapatero, un líder caduco, irresponsable y perfectamente prescindible. Así nos va.