Pese a que cada vez hay más evidencias de que la moderación de la crisis económica internacional que hemos experimentado en los últimos meses ha sido el resultado artificial e insostenible de todos los planes de estímulo que vienen desplegándose desde 2009, en España parece que sólo estamos aprovechando estos meses de calma para hacer que suba el pan. Los riesgos de que se produzca una recaída, especialmente en las economías más endeudadas como la nuestra, van siendo cada vez mayores y, en este contexto, resulta urgente que terminen de aprobarse todas las reformas que los economistas califican de imprescindibles.
En cambio, nuestro irresponsable Gobierno sólo está cerrando en falso todas aquellas medidas que en mayo prometió aprobar para que nuestros acreedores internacionales no nos cerraran por completo los flujos de crédito.
La reforma laboral ha sido finalmente aprobada por el Senado sin ninguna modificación significativa que permita abaratar el coste del despido al margen del poder judicial o flexibilizar las condiciones laborales al margen del poder sindical; las anunciadas reducciones del gasto público están comenzando a descafeinarse, tal y como ilustra la revisión a la baja del recorte que supuestamente iba a experimentar Fomento; y la muy tímida reforma del sistema público de pensiones apenas permitirá prolongar su viabilidad durante unos años más.
Es decir, no se ha abordado ninguna de las tres grandes reformas económicas que la mayoría de analistas considera indispensables –mercado laboral, déficit público y sistema de pensiones. Al contrario, el Ejecutivo sigue empeñado en ese error que tan caro nos ha costado a todos los españoles: pensar que ocultando la existencia de problemas, éstos se solucionan.
Lo ha vuelto a hacer con la enmienda del Senado a la reforma laboral, donde se compele a los parados a que participen en inútiles cursos de formación simplemente para sacarlos de las estadísticas de desempleado, pudiendo así aparentar que las mojigatas medidas laboral del Gobierno están logrando los resultados esperados. Y lo vuelve a hacer, y en este caso con consecuencias mucho más inquietantes, utilizando el dinero del fondo de reserva de la Seguridad Social para seguir sufragando los derroches que Zapatero se niega a recortar.
Así, si en 2009 más del 70% de los activos de ese fondo ya estaban concentrados en la muy insegura deuda pública española, se espera que a lo largo de 2010 el 90% esté copado por la misma. En otras palabras, el Ejecutivo está quedándose con el dinero supuestamente destinado a garantizar la viabilidad de nuestras pensiones a cambio de la promesa de que en el futuro lo repondrá.
Es cierto que con esta especulativa política, Zapatero podrá colocar con un poco más de facilidad esas milmillonarias emisiones de deuda que mes a mes está realizando para cubrir nuestro agujero presupuestario. Pero ocultar durante unas semanas las dificultades reales que tenemos para colocar nuestros bonos no solucionará los problemas que tendremos en el futuro cercano para seguir lográndolo. Es más, lo único que se logra de este modo es que, por un lado, Zapatero no sienta presión alguna para reducir el déficit público y, por otro, se agrave la ya de por sí mala salud de nuestro sistema de pensiones.
Por eso la convocatoria de nuevas elecciones resulta imprescindible. De hecho, resultaba imprescindible desde el 10 de marzo de 2008, cuando se comenzó a constatar que el PSOE había edificado su victoria sobre una mentira. Otra más.