Bien está que la Fiscalía haya recurrido el escandaloso carpetazo de la causa contra seis concejales de Badalona que, después de abrir el Ayuntamiento el pasado 12 de octubre, Fiesta Nacional de España, rompieron ante las cámaras de televisión el auto del juzgado de lo Contencioso que prohibía esa iniciativa desafiante a las instituciones del Estado.
Este insoslayable recurso de la Fiscalía no parece, sin embargo, suficiente respuesta ante los clamorosos indicios que apuntan a que el juez José María Noales –responsable del carpetazo judicial y uno de los magistrados firmantes del manifiesto a favor del ilegal referéndum separatista en Cataluña– pudiera haber cometido un delito de prevaricación, al dejar impunes a los acusados con el peregrino argumento de que "el Derecho Penal no castiga las performances".
Por supuesto que romper ante las cámaras un auto judicial es una escenificación; pero una escenificación que, lejos de eximir, agrava el delito de desobediencia que los ediles separatistas habían perpetrado al hacer caso omiso del contenido de dicho auto, antes y después de hacerlo añicos. El hecho cierto es que el Ayuntamiento de Badalona –como, por cierto, muchos otros en Cataluña– abrieron sus puertas el Día de la Hispanidad desafiando la ley y las sentencias que llaman a respetar los días festivos.
A título particular, el juez Noales podrá defender que Cataluña es una nación tanto como abogar por esa otra falsedad que encierra el mal llamado derecho de autodeterminación. Lo que no puede en el ejercicio de su profesión es ignorar los hechos y las leyes para librar a unos correligionarios de la pena que castiga el delito de desobediencia que habían clamorosamente perpetrado. Dictar a sabiendas una resolución o una sentencia injusta es un delito, como también lo sería dictarla por imprudencia grave o ignorancia inexcusable.
Sean cual sean las razones por las que este sujeto no ha visto delito de desobediencia en desobedecer a la Justicia y romper la resolución que se desacata, el CGPJ debería, como mínimo, abrirle un expediente, como por motivos mucho menos graves lo ha hecho contra otros magistrados.
Por otro lado, está visto que el separatismo no pierde comba a la hora de hacer añicos el ordenamiento constitucional, como también evidencian las manifestaciones que están preparando los separatistas para que los jueces absuelvan a Mas, Ortega y Rigau. Y eso por no hablar de los actuales gobernantes de la Generalidad, que cuando comparecen en rueda de prensa para comentar las sentencias del Constitucional, sin necesidad de romperlas, siempre dejan claro que no las ejecutarán.
Mientras tanto, Rajoy no sabe, no contesta ante la pregunta de cómo piensa impedir que los separatistas vuelvan a perpetrar otra consulta ilegal como la del 9 de noviembre de 2014.