Cobrar una prestación por discapacidad o dependencia no debería significar perder parte de otra ayuda. Esa es la reivindicación que el Gobierno de Canarias ha trasladado al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, al que reclama una reforma de la Ley de Dependencia para acabar con las deducciones automáticas que sufren actualmente algunos beneficiarios.
La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ha pedido formalmente al ministro Pablo Bustinduy que se modifique la normativa para que las prestaciones económicas de dependencia sean compatibles con otras ayudas públicas que reciben las personas con discapacidad o necesidades especiales de apoyo.
El problema está en que la legislación actual obliga a descontar de determinadas prestaciones de dependencia la cuantía que el beneficiario ya percibe a través de otros sistemas públicos. Entre ellas se encuentran complementos como la prestación por gran incapacidad, la asignación por hijo a cargo mayor de 18 años con una discapacidad igual o superior al 75 por ciento o el subsidio de ayuda a tercera persona.
En la práctica, esto significa que el reconocimiento de una nueva prestación no siempre se traduce en más dinero para la persona que necesita cuidados.
Canarias denuncia que las ayudas se neutralizan
El Gobierno autonómico considera que este sistema termina dejando sin efecto buena parte del derecho reconocido. Las familias que conviven con situaciones de discapacidad y dependencia tienen que afrontar gastos que, en muchos casos, van mucho más allá de lo que puede cubrir una única prestación.
Por eso, Canarias reclama que las distintas ayudas puedan cobrarse de forma compatible y que el dinero llegue realmente a reforzar los recursos disponibles para los cuidados y el apoyo diario.
La petición llega además mientras el Senado debate una modificación de la normativa estatal. El texto que se encuentra actualmente en tramitación contempla eliminar estas deducciones únicamente en los casos de dependencia extrema, el futuro Grado III+.
Canarias considera que ese cambio supone un avance, pero advierte de que dejaría fuera a las personas con Grados I y II de dependencia, por lo que reclama que la compatibilidad se extienda a todos los grados.
El Gobierno canario exige financiación estatal
El Ejecutivo autonómico también ha dejado claro que cualquier ampliación de estos derechos debe ir acompañada de financiación por parte del Estado.
Canarias advierte de que no puede asumir en solitario el coste de una reforma que supondría un incremento de las prestaciones y reclama al Gobierno central que aporte los recursos necesarios para hacerla efectiva.
La consejera Candelaria Delgado ha trasladado esta posición formalmente al Ministerio, con el objetivo de que la reforma no se limite a reconocer nuevos derechos sobre el papel, sino que permita que las personas dependientes dispongan realmente de más recursos para afrontar sus necesidades.
Paralelamente, el Boletín Oficial de Canarias ha publicado este viernes un decreto que modifica la Ley de Servicios Sociales de las islas. La reforma busca agilizar la apertura de centros mediante una declaración responsable y reducir los trámites administrativos, especialmente cuando sea necesario responder con rapidez ante situaciones de emergencia.