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Rull y Turull acatan el 155 para salir de prisión

Solicitan la puesta en libertad en dos recursos construidos por su abogado, Jordi Pina, que sustituyó en la defensa al letrado de Puigdemont.

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Rull y Turull acatan el 155 para salir de prisión
Oriol Junqueras, Carles Puigdemont y Jordi Turull en la sede de la Generalidad | Cordon Press

Los abogados de los exconsejeros catalanes Jordi Turull y Josep Rull han solicitado a la Audiencia Nacional que ponga a sus clientes en libertad –o al menos que les permita el pago de una fianza–. Según sus alegaciones, incorporadas en dos recursos, acatarán "expresamente" las medidas del artículo 155 de la Constitución Española sin oponer "resistencia". Solicitan a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, compuesta por magistrados que actúan como superiores jerárquicos de los jueces de instrucción, que revoque el auto de ingreso en prisión incondicional dictado el pasado 2 de noviembre por Carmen Lamela y que, a partir de ahora, se apliquen los mismos criterios que utilizó el magistrado Pablo Llarena del Tribunal Supremo para dejar en libertad a la presidenta del Parlamento Carme Forcadell y a los miembros de la Mesa que permitieron que se aprobara la declaración de independencia.

Ambos cambiaron de abogado una semana después de su encarcelación. El primero que condujo su defensa fue el procesalista Jaume Alonso-Cuevillas, letrado de cabecera de Puigdemont. Sin embargo, optaron por el penalista Jordi Pina, del despacho Molins & Silva, con un amplio bagaje en la Audiencia Nacional y experto en materia penal. Es el mismo abogado que asiste a los presidentes de la ANC y Ómium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.

Jordi Pina descarta en los recursos el riesgo de reiteración delictiva en el que Lamela basó el ingreso en prisión de Rull y Turull aunque ambos discrepan "políticamente del contenido y la legitimidad" del 155. De hecho, pone como ejemplo la reunión mantenida al finalizar la sesión del 27 de octubre, cuando el Parlamento votó la independencia, "sin adoptar ningún acuerdo". Subraya también que ninguno de los miembros del Gobierno querellados "ha optado por ofrecer ni promover resistencia al nuevo escenario, anunciando por el contrario su propósito de concurrir a las urnas el próximo 21 de diciembre".

"No hay pues voluntad, ni riesgo, de reiteración delictiva, sino el compromiso de mantener las legítimas aspiraciones políticas en el cauce de la confrontación democrática electoral, con pleno respeto al pluralismo político que debe regir la convocatoria electoral", concluyen los recursos. Pina sostiene que el encarcelamiento de Rull y Turull "contraviene el derecho a elecciones libres", así como "el de los ciudadanos a tener representantes políticos", y recuerda que los querellados "participarían sin duda" en la campaña electoral del 21-D si no estuvieran privados de libertad.

Respecto al riesgo de fuga, el letrado esgrime que el hecho de que el expresidente Puigdemont y cuatro de sus exconsejeros hayan huido a Bélgica no supone un incremento del peligro en relación al resto: "Los que están aquí, pudiendo haber estado allá (en Bélgica), están aquí. Los querellados que han marchado a Bélgica han manifestado públicamente que pretenden sólo poder pilotar el periodo electoral (gravemente perjudicado por este proceso penal), sin intención de eludir definitivamente la acción de la justicia".

Turull y Rull manifiestan la "palmaria indefensión" de la que han sido víctimas a su juicio porque la juez Lamela ordenó su ingreso en prisión incondicional sin poder "preparar mínimamente su estrategia".

Jordi Turull ejerció hasta octubre de consejero de la Presidencia y Portavoz del Gobierno de Carles Puigdemont, siendo presidente del grupo parlamentario Juntos por el Sí –que aglutinó a los diputados de Convergencia y Esquerra. Este político licenciado en Derecho y que impartió clases de Política en la Universidad Autónoma de Barcelona está investigado por desobediencia y prevaricación en el Tribunal Supremo. Mantuvo firme su pulso al Estado de Derecho hasta su ingreso en prisión: "No están sobre la mesa las elecciones".

Josep Rull fue consejero de Territorio y Sostenibilidad de la Generalidad también hasta octubre de 2017. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona y especializado en administración pública. Como el resto de integrantes del Ejecutivo autonómico cesado, la Audiencia Nacional les investiga por delitos de rebelión o, cuando menos, sedición, y malversación de caudales públicos. La Fiscalía les exige el pago de una fianza de 6,2 millones de euros, los fondos que habrían desviado a la financiación del referéndum ilegal del 1 de octubre.

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