La Fiscalía del Tribunal Supremo rechazará la libertad del presidente de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart. Según las fuentes consultadas por esRadio y Libertad Digital, el Ministerio Público considera que el informe no vinculante de la ONU en el que se solicitaba la libertad de Cuixart, junto a las del exvicepresidente catalán, Oriol Junqueras, y el presidente de la ANC, Jordi Sànchez, es sólo "una opinión".
El grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria pedía al Gobierno español este miércoles que excarcelara e indemnizara a Junqueras, Sànchez y Cuixart por considerar que sus detenciones fueron arbitrarias. Dicho grupo sostenía que esta privación de libertad vulneraba los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
El informe señalaba que "la libertad de opinión y de expresión comprende la posibilidad de manifestar la forma en que los pueblos pueden determinar libremente su sistema político, su constitución o gobierno". Por ello, concluía que la detención "es arbitraria por ser el resultado del ejercicio del derecho a las libertades de opinión, expresión, asociación, reunión y participación".
Las mismas fuentes consultadas afirman que la Fiscalía del Supremo también justificará su negativa a la puesta en libertad de Cuixart tras el informe de la ONU en que "siguen concurriendo" los requisitos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal LECRIM que justifican su prisión provisional. Principalmente, el riesgo de fuga.
La defensa de Cuixart pedía durante la vista oral del juicio del 1-O del miércoles la libertad de su representado en base a la resolución del grupo de trabajo de la ONU. El letrado de Cuixart, Benet Salellas, tomaba la palabra al inicio de la sesión de la tarde para solicitar su puesta en libertad en base al informe en el que, a su juicio, "se constata la vulneración de hasta 11 artículos distintos de los textos internacionales".
El presidente de la Sala, Manuel Marchena, instaba al abogado a formular la petición mediante un escrito, que se trasladaría a las partes, y que después el tribunal resolvería. El propio Salellas confirmaba que presentaría la petición de libertad esa misma tarde.
España pide inhabilitar a estos "expertos" de la ONU
España pedirá hoy formalmente a la ONU que inhabilite a dos de los cinco miembros del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias que esta semana condenaron la detención de los golpistas por considerarla arbitraria.
El embajador de España ante la ONU en Ginebra, Cristóbal González-Aller, anunció esta petición, que afecta al mexicano José Guevara y al surcoreano Seong-Phil Hong, ambos miembros del grupo de trabajo, y que sólo concierne al caso específico de los líderes golpistas. El diplomático argumentó que "hay un conflicto de intereses" entre esos expertos y el abogado británico, Ben Emmerson, defensor de los tres políticos catalanes, quien formó parte de otros órganos similares de derechos humanos de la ONU en los que trabajó con ambos en, al menos, dos causas.