El clima del encuentro en Barcelona entre la consejera de Presidencia de la Generalidad, Laura Vilagrà, y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, era de máxima desconfianza. Así al menos lo han escenificado ambos al sentarse más alejados de lo normal, en los extremos de una mesa, y al dejar sus teléfonos fuera de la sala donde se han reunido por espacio de más de dos horas para tratar el supuesto espionaje a más de 60 cargos con el sistema Pegasus.
Pedro Sánchez volvió a recurrir a su hombre de confianza, a quien decidió este sábado enviar de urgencia a Cataluña para aplacar el ánimo de sus socios separatistas. Bolaños, que ha llegado con retraso a la cita –la reunión debía comenzar a las 10:00 y se ha iniciado unos 50 minutos más tarde—, ha entregado a Vilagrà el libro En defensa de la conversación, de la socióloga estadounidense Sherry Turkle, un estudio sobre las consecuencias de la cultura digital en varios ámbitos de la sociedad.
"No ha ido bien"
Pero la reunión "no ha ido bien", tal y como ha explicado después la consejera catalana. "Seis días después no tenemos las respuestas que estábamos esperando", ha denunciado Vilagrá para quien este supuesto caso de espionaje —"el más masivo, el mayor y el más grave que ha habido en el Estado español"— no puede "quedar impune". Lo que piden los secesionistas al Gobierno de Sánchez es "más información" y una "asunción de responsabilidades", que pasa por "exigir las dimisiones de los responsables políticos de este caso". Sin esto, el Ejecutivo no obtendrá su apoyo parlamentario, aseguran.
Los "mecanismos" que activa el Gobierno
Pero estas dimisiones no se van a materializar. Al menos de momento mientras se investigan los hechos, ha sostenido Bolaños, quien ha asegurado que el Gobierno tiene "la conciencia tranquila y nada que ocultar" y que por eso han activado cuatro "mecanismos para esclarecer los hechos de forma rápida".
Estos son: abrir un control interno dentro del Consejo Nacional de Inteligencia (CNI) para esclarecer las actuaciones relacionas con este supuesto espionaje; la "plena disposición" del CNI a colaborar con la investigación abierta por el Defensor del Pueblo; la constitución de la comisión de secretos oficiales del Congreso de los Diputados para que comparezca la directora del CNI y hable sobre este control interno de la institución además de aportar documentación para que la examinen todos los grupos parlamentarios presentes y la colaboración del Gobierno con la Justicia para lo que se está dispuesto a "desclasificar documentos oficiales que ayuden a clarificar los hechos en sede judicial".