El PSOE de Pedro Sánchez ha decidido retirar la enmienda con la que pretendía premiar a Dolores Delgado con un ascenso y un aumento salarial cuando deje de ser fisca general del Estado. Ni Podemos, ni del resto de grupos parlamentarios del Gobierno de coalición apoyaban dicha propuesta.
El pasado mes de marzo, los socialistas presentaban la citada enmienda al proyecto del propio Ejecutivo de reforma de la Ley Concursal. Según el apartado 6 de dicha enmienda, "Si el nombramiento de fiscal general recayese sobre un miembro de la Carrera Fiscal quedará en situación de servicios especiales y adquirirá la categoría de fiscal de Sala del Tribunal Supremo una vez se produzca su cese".
Cabe destacar que fiscal de Sala es el cargo de mayor rango y prestigio de la Carrera fiscal y conlleva un sobresueldo importante. Recordamos que Delgado pasó de ser ministra de Justicia con el PSOE a fiscal general del Estado. Previamente, ejercía como fiscal en la Audiencia Nacional.
Este martes, el portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Héctor Gómez, justificaba así el cambio de criterio de los socialistas. "El propósito Inicial en la Ley Concursal con esta enmienda no era una medida ‘ad hoc’ para un caso concreto. Ante la situación y el escenario después de dialogar con los grupos parlamentarios, entendíamos oportuno que no tocaba tener esa enmienda presente en la tramitación. Y por lo tanto, hemos decidido su retirada, pero el propósito era general, era de anclar una salida que en cualquier caso ha sido muy trabajada, pero bueno, vistas las posiciones de los diferentes grupos, evidentemente, hemos optado por esa proposición".
Sin embargo, la ministra de Justicia, Pilar Llop, justificaba hace meses la decisión de premiar a Delgado afirmando que es una exigencia del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), dependiente del Consejo de Europa, para que Delgado "tenga una salida digna".
La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales APIF en un comunicado señalaba que "la vía elegida para la modificación del EOMF sugiere cierta urgencia para el Gobierno en proporcionar una salida a la actual FGE. La promoción del FGE cesante a la máxima categoría de la Carrera Fiscal no es algo que le haga ninguna falta, ni produzca ningún beneficio, al Ministerio Fiscal. Sólo favorece a quien cesa, acentuándose así la relación del FGE con el Gobierno. Consideramos esa medida un despropósito que ahonda en la politización de la Fiscalía".
La rebelión de la mitad de la cúpula fiscal
La mitad de la cúpula fiscal, 16 fiscales de Sala, firmaba en abril un documento en el que exigían a la fiscal general del Estado que solicitase urgentemente al Congreso de los Diputados y al PSOE que se retirase la enmienda en la que se ascendía a Dolores Delgado tras terminar su mandato y que además obligaba al Ministerio Fiscal a informar al Ejecutivo de todos "los asuntos de especial trascendencia".
La enmienda incluía una propuesta de tapadillo muyt grave que frustraría de facto cualquier investigación de la Fiscalía al Gobierno: "El fiscal general del Estado informará por escrito al Gobierno, por su propia iniciativa o cuando éste lo interese y siempre que no exista obstáculo legal, sobre la actuación del Ministerio Fiscal en aquellos asuntos de especial trascendencia en los que intervenga y que por su naturaleza y relevancia deba conocer. Esta información podrá venir referida también al funcionamiento, en general, de la Administración de Justicia".
Los 16 fiscales de Sala firmantes apuntaban sobre esta modificación propuesta por los socialistas que "ni la forma elegida para llevar a cabo una reforma legal de semejante calado, ni el contenido material de la misma son asumibles. En primer término, porque tratándose de un cambio normativo que afecta manifiestamente al funcionamiento del Ministerio Fiscal y a las relaciones con otros poderes del Estado, las normas legales vigentes exigen que los mismos sean informados por el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Fiscal. No existe constancia alguna de que uno y otro órgano hayan sido consultados y evacuados sus preceptivos trámites de informe sobre la viabilidad jurídica de semejantes modificaciones legales".