La declaración del empresario Víctor de Aldama en el marco de la trama Koldo de este jueves en la Audiencia Nacional preocupa y mucho al Gobierno de Pedro Sánchez.
El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, acordó hace tres semanas llamar a declarar en calidad de investigados al empresario y al exasesor del Ministerio de Transportes, Koldo García, tras recibir el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que salpica al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática Ángel Víctor Torres en la Trama Koldo. Cabe recordar que Aldama pidió al juez una copia de sus teléfonos móviles con el objetivo de preparar su intervención de este jueves. Una petición que el magistrado aceptó.
El empresario declaró e 21 de noviembre de 2024 ante la Audiencia Nacional apuntando directamente hacia la cúpula del PSOE. Entonces reveló que el exministro de Transportes José Luis Ábalos recibió más de 400.000 euros de la trama corrupta –es decir, de la parte que incumbe a Aldama— y Koldo García otros 250.000 euros. También apuntó a a una comisión recibida por parte del entonces secretario de Organización socialista, Santos Cerdán, de 15.000 euros.
En dicha comparecencia, reveló presiones del todavía ministro de Política Territorial, que le habría reclamado una mordida de 50.000 euros por la compra de material sanitario a la empresa de la trama Soluciones de Gestión cuando era presidente canario. Además, afirmó que existía un sistema de corrupción en el PSOE para cobrar mordidas ilegales derivadas de adjudicaciones públicas denominadas cupos y apuntó directamente al presidente del Gobierno, que habría sido el que había invitado a Aldama a conocerlo.
Nada más salir de prisión tras su declaración, Aldama declaró ante los medios de comunicación que Sánchez era un "señor mitómano y tiene alzhéimer" después de la respuesta que dio el líder socialista cuando le preguntaron si conocía al empresario. Posteriormente, cuando se publicó la foto en la que se les mostraba a los dos juntos, Sánchez se limitó a señalar que es una foto "de las que se hace con cualquiera".
Durante su comparecencia en diciembre de 2024 ante el magistrado que indaga en la misma trama de corrupción en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, el empresario señaló que se pagaron entre 3,5 y 4 millones de euros en las comisiones en la adjudicación de obra pública. En estas mordidas Aldama señaló que se repartieron con José Luis Ábalos, Koldo, Santos Cerdán y con el PSOE; por lo que se abrió una pieza separada que investiga la supuesta financiación irregular de la formación que lidera Pedro Sánchez.
De hecho, en una de sus últimas apariciones públicas, Aldama señaló que era "evidente" que Sánchez había cobrado mordidas: "Es absurdo que el jefe no lo hiciera". De él, Aldama llegó a decir que "debería acabar" en Soto del Real; algo para lo que dijo que seguiría aportando pruebas a la Justicia.
Torres, en la diana
Uno de los más señalados sería Torres, a quien Aldama ya acusó de pedirle una comisión de 50.000 euros por la adjudicación de varios contratos de mascarillas a Soluciones de Gestión durante la pandemia por parte del Gobierno de Canarias, entonces presidido por Torres.
El último informe de la UCO dejaba patentes las presiones que Torres ejerció a sus subordinados para que adjudicaran ciertos contratos a esta empresa. Las acusaciones de Aldama incluían la utilización de pisos pagados por la trama para cuestiones extramatrimoniales; algo de lo que, por el momento, no ha aportado pruebas la UCO y que ha utilizado Torres para desacreditar al empresario y seguir en el cargo.
Otra de las expresidentas autonómicas socialistas que habrían podido intervenir en la adjudicación de contratos de mascarillas en Soluciones de Gestión es la ahora Presidenta del Congreso, Francina Armengol, que –al igual que Sánchez, Cerdán y Torres— declararon no conocer a Aldama.
De la misma forma, la exministra Reyes Maroto había negado conocer a Aldama y esta se acogió a su derecho a no declarar en su última visita a la Comisión de Investigación del caso Koldo en el Senado.
Asimismo, Aldama acusó a Carlos Moreno, director de Gabinete de María Jesús Montero, de haberle cobrado una comisión ilegal de 25.000 euros por promover el aplazamiento de un embargo a una de sus empresas. Montero, al igual que por Cerdán, puso "la mano en el fuego" por su jefe de Gabinete.