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PRENSA

Montero califica de "accidente laboral" el asesinato de los guardias civiles

El repaso de la actualidad en esRadio, en una jornada marcada por las palabras de Montero sobre los agentes asesinados en Cádiz.

Los titulares de la prensa del día 12/05/26

El audio empezará a sonar cuando acabe el anuncio

El repaso de la actualidad en esRadio, en una jornada marcada por las palabras de Montero sobre los agentes asesinados en Cádiz.
María Jesús Montero, valora ante los medios el desarrollo del segundo debate celebrado de cara a los comicios | EuropaPress

Silvia Riveiro repasa la prensa del día en Es la Mañana de Federico de esRadio y analiza la corrupción del país: el asesinato de los agentes de la Guardia Civil, sus condiciones laborales, el Hantavirus y la regularización masiva .

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El asesinato de los agentes se cuela en el final de campaña

Anoche los candidatos a los comicios andaluces se enfrentaron en el segundo y último debate electoral antes de la cita con las urnas. La socialista María Jesús Montero protagonizó un momento bochornoso al afirmar que el asesinato de los dos agentes de la Guardia Civil en Huelva a manos del narco era "un accidente laboral". El vídeo de la intervención de la exvicepresidenta lo pueden ver en LD. Estas desafortunadas palabras se suman a las de Marlaska el domingo cuando dijo que "todas las tragedias no pueden evitarse". El ministro del Interior no asistió al funeral y La Moncloa envió en su lugar a Montero que tendrá que cargar con la imagen y el sonido de quienes le acusaron de asistir "solo para hacerse la foto". El sprint final de su carrera hacia la Junta de Andalucía se complica. A cinco días de las elecciones, publica El Debate que "el entramado del ex ‘tres’ de Montero cobró 1,2 millones tras anular a un empresario una multa de 16 millones de Hacienda" y Vozpópuli que "la UCO de la Guardia Civil sitúa a "nuevos investigados" en el sospecho rescate por 113 millones de euros de Tubos Reunidos, la más cuantiosa adjudicación pública que se atribuye a la trama de la SEPI liderada por el expresidente del holding público Vicente Fernández, colocado en el cargo por Montero.

A todos estos problemas sobrevenidos hay que sumar su pasado como ministra de Hacienda y artífice de los pactos económicos y fiscales con los separatistas catalanes. Incluso Luis Barbero admite en elpais.com que "los andaluces no quieren ser más que nadie, pero menos, tampoco". El futuro del PSOE en Andalucía, así lo reflejan todos los sondeos, es negro. Publica elmundo.es que "Sánchez busca la movilización de 570.000 votos fantasma para salvar a Montero". Son los que desaparecieron en los comicios andaluces de 2022 y aparecieron en las generales de 2023 en esta comunidad. Para atraer a ese medio millón largo de votantes ha reaparecido también la exministra Teresa Ribera. La comisaria europea ha anunciado ayudas por valor de 1.500 millones de euros para los agricultores afectados por los temporales e inundaciones en Andalucía y Extremadura. Y, por si esto ni funciona, Sánchez se va a volcar en la campaña. Se cree un activo movilizador, va a estar en tres actos y utilizará la bandera de la sanidad pública para intentar borrar del imaginario los casos de corrupción y el asesinato de los agentes. Con todo, en Ferraz tienen asumida la derrota y se conforman con que Moreno Bonilla no logre la mayoría absoluta y dependa de Vox para poder agitar la bandera del miedo en las próximas generales.

La prensa denuncia las condiciones laborales de los agentes

Cuatro muertos en dos años son demasiados. Los narcotraficantes han acabado con la vida de cuatro agentes de la Guardia Civil desde que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, desmanteló OCON-Sur. Las críticas hacia él y hacia el presidente del Gobierno llegan directamente desde sus familiares y del propio Instituto Armado. Denuncian que el Ejecutivo les tiene "desprotegidos" y "desamparados". abc.es señala en su editorial que —como en la DANA o en Adamuz— "La Moncloa lleva tiempo compareciendo solo allí donde espera recibir aplausos y evitando aquellos escenarios donde puede ser cuestionada". En portada, denuncia que "un informe previo alertó del "riesgo grave" de las narcolanchas". Un compañero de los guardias civiles fallecidos elevó hace casi un año las quejas de los agentes por "poner en peligro" sus vidas ante la falta de visores nocturnos, dotaciones reducidas o embarcaciones obsoletas. Hay datos que demuestran la escasez de medios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado frente a unos narcos profesionalizados que, según elmundo.es, son capaces de colar "treinta lanchas cada semana procedentes de Marruecos".

Y a diferencia de lo que ocurría en el pasado, los narcotraficantes ya no traen a la Península solo hachís, también cuelan cocaína. El ministro asegura que ha reforzado la plantilla pero los agentes insisten en la fuga de efectivos que no están dispuestos a trabajar en la zona de Huelva y Cádiz por los riesgos que acarrea. Tampoco los jueces y fiscales quieren esas plazas y los que aceptan, lo señala elpais.com, llevan años pidiendo refuerzos. El fiscal jefe de Huelva habla del "salto cualitativo" en el modo en que llega la droga, "quiénes la mueven y con qué nivel de violencia se protegen". Y ante esa agresividad, los guardias civiles actúan con las manos atadas. En larazon.es denuncian que "el Ministerio del Interior no quiere que se dispare a las narcolanchas para frenarlas" a pesar de que, según cuentan, "un tirador de élite podría frenar las embarcaciones desde un helicóptero". Lo propusieron el año pasado y la respuesta que ofreció la Secretaría de Estado de Seguridad fue que "la sociedad no lo entendería". En el editorial piden la dimisión de Marlaska aunque asumen que "es un ejercicio de melancolía, puesto que se trata de uno de los "pretorianos" de Pedro Sánchez". Desde el resto de España se mira de reojo a la zona y solo cuando ocurre algo por eso es muy oportuna la columna de David Jiménez Torres. En ella defiende que "las narcolanchas como problema español" y que "el crimen organizado no puede ser un problema local; tiene un efecto corrosivo sobre estructuras fundamentales del propio Estado de Derecho".

¿Por qué no se hicieron test PCR a bordo?

Pasados unos minutos de las ocho de la tarde de ayer, el MV Hondius zarpaba del puerto de Granadilla rumbo a Róterdam. En ese momento comparecían los tres ministros enviados por Sánchez a Tenerife —Mónica García, Grande-Marlaska y Ángel Víctor Torres— junto al director general de la OMS, Tedros Adhanom. Los cuatro presumían del operativo de evacuación del crucero en el que se desató el brote del hantavirus, hablaban de la importancia del "multilateralismo", de que el desembarco se había realizado "con estilo" y de que "el mundo" estaba "mirando a España". Nadie sabía entonces que uno de los 14 pasajeros españoles había dado positivo sumándose al de un estadounidense y una francesa que se encuentra en la UCI. Según Sanidad el ciudadano español está asintomático y pendiente de una prueba de confirmación pero, a priori, hoy mismo será trasladado a una planta de aislamiento en el Hospital Gómez Ulla. Surge ahora el debate acerca de por qué no se realizaron pruebas PCR a bordo del barco sin que nadie lo haya explicado todavía.

Tampoco se explica —como denuncia abc.eslas diferencias entre países a la hora de abordar el virus. Mientras en España, los pasajeros del crucero tendrán que permanecer en estricta cuarentena, en Países Bajos podrán salir a pasear con mascarilla. Entretanto, sigue el enfrentamiento institucional entre el Gobierno central y el canario. La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, se queja de que el Gobierno de Sánchez "trata a Canarias como un territorio al que mandan sus crisis" y denuncia en una entrevista en el diario de Vocento que "con Cataluña o País Vasco no habrían actuado igual". Y en eso coincide Ignacio Camacho en abc.es. En su columna titulada "Entre el cayuco y el crucero" sostiene que "las Canarias son una frontera europea y merecen una prioridad estratégica que les niegan tanto en Madrid como en Bruselas".

Nueva polémica por la regularización masiva

Publica Maite Loureiro en Libertad Digital que el Gobierno que se declara "abolicionista de la prostitución", pese al uso que han hecho algunos de sus integrantes como José Luis Ábalos, ha concedido el permiso para expedir certificados de vulnerabilidad a una asociación que defiende el reconocimiento de la prostitución como "un trabajo".

Se trata del Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS), que defiende "los derechos de los y las trabajadoras sexuales" y "promueve la sensibilización y la lucha contra el estigma".

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