Con independencia de su calidad técnica, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea generará desconfianza entre quienes creíamos que el Estado de derecho, uno de los valores reconocidos en los tratados, se impondría frente a una ley que lo desprecia de forma tan flagrante. Más allá de si la malversación cometida por Puigdemont o de si los delitos de terrorismo imputables a sus secuaces son o no amnistiables, el abogado de la Comisión Europea puso el acento en que se trataba de una autoamnistía que atentaba contra el Estado de derecho porque su aprobación se hizo gracias a los votos indispensables de quienes se beneficiarían de ella y de aquellos que conservaron el poder porque se comprometieron a aprobarla.
El abogado general del tribunal rechazó el argumento del abogado de la Comisión con el kelseniano argumento de que la ley había sido aprobada con todos los requisitos legales por un Parlamento elegido democráticamente, dando a entender que no puede ir contra el Estado de derecho ninguna ley así promulgada. ¿Y si hubiera legalizado la esclavitud o hecho cualquier otra barbaridad?
El argumento es disparatado y, sin embargo, Conde-Pumpido sabía que sería corroborado por el tribunal cuando descubrió, en otra sentencia, que el tribunal cree que no ha de exigir la aplicación de los principios de la Unión a cualquier norma, sino sólo a aquellas que tengan alguna conexión con el derecho de la Unión. O sea, que una ley que legalizara la esclavitud sería conforme con el Estado de derecho, tal y como interpreta Pumpido que dice el TJUE, si la compra de esclavos tributa debidamente el IVA o prohíbe al Estado invertir fondos de la Unión Europea en tan odioso tráfico. La debilidad del modo de razonar del abogado general es tan pobre que el TJUE ha preferido no entrar en la cuestión de la autoamnistía, no sé si porque estaba autorizado a no hacerlo, al no ser argumento de quienes plantearon las cuestiones prejudiciales, o porque no se veía con fuerzas para rebatir el razonamiento de la Comisión o las dos cosas a la vez.
Recoge la sentencia la también muy kelseniana alegación de que la ley está dirigida a la reconciliación, bastando al parecer que manifieste ese propósito por muy patente que sea que el verdadero es otro muy diferente. Es como si una ley que legalizara la esclavitud fuera conforme al Derecho europeo porque en el preámbulo jurara y perjurara que no tiene otra finalidad que la de abaratar los costes de la producción de bienes y servicios en aras de la economía nacional.
Y esto no tendría mayores consecuencias para Europa si todo se limitara a un debate jurídico que afectara en mayor o menor grado a una crisis política dentro de un Estado miembro. Pero, la realidad es que va más allá porque, sin pretenderlo, esta sentencia alimenta el euroescepticismo tal y como lo entiende Vox, que, a su vez, recibe indirectamente financiación del Kremlin, que espera que el de Abascal y otros partidos de extrema derecha reduzcan la estima de los europeos hacia las instituciones europeas, incluido el TJUE. Es la misma razón por la que Moscú respaldó el procés, porque la independencia, aún reducida al grado de tentativa, mermaría la fuerza de la Unión. Y por eso, el abogado que ha controlado todo el proceso de la amnistía es Gonzalo Boye, que también lo fue del espía ruso Pablo González y de la moldava Evghenia Gutul, acusada de ser agente rusa. De modo que claro que con esta sentencia pierde España, pero, sobre todo, pierde la Unión Europea.