Suele beneficiar a la reflexión tomar distancia física o temporal de aquello que nos preocupa, que en este caso que es mi caso no es otra cosa que España, España como Nación democrática de ciudadanos libres e iguales ante la Ley.

Esta pasada semana, llena de hechos trascendentes para la vida política y socioeconómica de los españoles, he estado en Uruguay en el marco del Congreso Iberoamericano municipalista, en cuyos actos de apertura y clausura sonó el himno nacional del país suramericano sin que a ninguno de los uruguayos presentes se le cayeran los anillos por mostrar respeto al símbolo y, con ello, su propio sentimiento de pertenencia a la comunidad nacional. En España, por el contrario, hemos asistido al bochornoso espectáculo brindado por gran parte de los aficionados a dos clubes de fútbol que decidieron utilizar la final del torneo de la Copa del Rey para tratar de vejar los símbolos nacionales comunes: himno, bandera y monarquía.

Es evidente que en un sistema democrático las personas tienen derecho a discrepar, casi me atrevería a decir que también el deber de hacerlo, pero lo que sucede en España es la creciente fascistización de una franja de la población que está dispuesta a quemar todas las banderas españolas para izar en su lugar la de sus naciones inventadas, a mayor gloria de los partidos separatistas. Así, los que queman la bandera española se envuelven habitualmente en las ikurriñas, y los que pitan al Rey hacen reverencias ante los Josu Ternera y los De Juana Chaos. Similar es la actitud de los que no soportan otro himno que no sea el de su club de fútbol, ni otros colores que los que tienen la mágica virtualidad de convertirles en miembros acreditados de tal o cual tribu futbolística. En rigor, se trata del trágico papanatismo de quien protesta por la "represión del Estado español" pero está presto a hundir su navaja en las entrañas del otro por llevar una camiseta distinta. O por reivindicar la libertad lingüística.

Pero esta semana ha sido también la de la querella de Juan Antonio García Casquero, presidente de la AVT, contra Carlos Dávila, una de las personas que más ha defendido a las víctimas y que más ha hecho desde el Periodismo para combatir a ETA y al nacionalismo excluyente, porque Carlos siempre ha dado voz a todos aquellos que, de una u otra forma, estamos luchando por la libertad desde las instituciones y la propia sociedad civil. Creo que mejor sería que la AVT se dedicara a defender los derechos de las víctimas y a recuperar la unidad del movimiento reivindicativo, porque está claro que esta acción inaudita sólo perjudica a su causa mientras favorece simultáneamente a un Gobierno que ha demostrado con creces lo poco que le preocupan las víctimas de la AVT, las víctimas del terrorismo que no se dejan manipular por los cantos de sirena de los "pacifistas" que dialogan con terroristas.

Además, el Gobierno socialista continúa con su "multiplicación de derechos" por la expeditiva vía de fomentar la percepción, sobre todo entre adolescentes, de que el embarazo es una carga y una lacra para las posibilidades de liberación de las mujeres. Así, el aborto se convierte en un anticonceptivo más, mientras la familia pasa a representar, en el imaginario progresista, el súmmum de todo el oscurantismo y la represión, la institución a batir por quienes desean una sociedad de seres solitarios y autómatas desligados de cualquier tipo de patria, tradición, moral, religión, obligaciones comunitarias o deberes para con el resto de la sociedad de la que forman parte. Un proyecto para crear "el hombre nuevo" concebido como un individuo desprovisto de aquello que le hace persona y destinado únicamente a cumplir con la función designada por el Estado socialista, que es la de consumir: vivienda, sexo, coche, viajes, drogas... pero consumir a fin de cuentas, y abonar los impuestos subsiguientes al Estado.

Por si fuera poco, el Debate sobre el Estado de la Nación no sirvió más que para demostrar, una vez más y de manera descarnada, que la única política económica del Ejecutivo es aumentar el gasto para acallar las bocas de los polluelos hambrientos, una vez descartado que algún día puedan abandonar el nido volando por sus propios medios. Nada de reformas del mercado laboral ni de facilidades a las empresas y a las familias. Nada sobre la escasez de recursos energéticos, nuestra actual posición en la UE, la formación y la educación que han de mejorar la productividad y permitir el desarrollo de industrias modernas e innovadoras. Nada de esto y nada tampoco de todo lo demás.

Esta semana, en fin, también ha quedado claro que lo que se nos ha dicho desde el Gobierno y las instancias judiciales sobre el 11-M no era verdad. Asunto que sigue siendo el más grave de la actualidad española aunque la mayoría de los españoles prefiera, por un acto de voluntarismo suicida, echar tierra sobre un asunto cuyo esclarecimiento, en cualquier caso, no va a servir a nadie para llegar a fin de mes, aunque al menos nos permitiría llevar la cabeza un poco alta en vez de tener que bajar la vista de vergüenza cada vez que oímos hablar de ello.

Una semana, pues, lejos de España. Lo que me ha permitido constatar el deplorable estado de la Nación, mientras la recesión arrecia y los socialistas se dedican a jugar a médicos, a papás y mamás, a profesores y a cualquier otra actividad lúdica que les distraiga de su soberano aburrimiento de gobernar. Una Nación sin gobierno. Un Gobierno en el país de las maravillas. Los españoles tenemos la obligación moral de despertar de este fatídico sueño. Pero ya.