Las funciones esenciales de un Estado son las de proteger a la población de agresiones externas, preservar la seguridad interna y hacer cumplir unas normas mínimas de convivencia. Para muchos liberales, defensores de un Estado mínimo, son las únicas legítimas. Pero incluso para quien defienda un Estado más grande, estas funciones deberían ser las fundamentales. Si un Estado es incapaz de cumplirlas, difícilmente puede reclamar legitimidad para ejercer su poder coactivo con otros fines.
El Estado español es un gigantesco Leviatán cuyos tentáculos alcanzan todos los aspectos de nuestras vidas. Ha tomado el control de nuestra existencia desde la cuna hasta la tumba: dicta la educación de los niños, interviene la actividad económica de los adultos y dispone de la jubilación de los mayores. Arrebata a los ciudadanos casi la mitad de lo que ganan, y regula a capricho lo que pueden hacer con la otra mitad.
Y, sin embargo, Ceuta ha dejado en evidencia el fracaso del Estado en sus funciones esenciales. No evitó la invasión, pese a que sus servicios de inteligencia alertaron del peligro. Tampoco ha restablecido el orden ni garantiza una mínima seguridad personal: los niños ceutíes han empezado el curso con vigilantes privados en los colegios, y la población sigue sin poder hacer vida normal. A los miles de invasores que siguen en la ciudad, en lugar de expulsarlos, les procura comodidades para que su ocupación resulte llevadera. Tenemos un Estado fallido por el precio de un gigantesco Leviatán.
Pero si hay algo claro es que este fracaso no ha sido un problema de incompetencia. El Gobierno se ha comportado como si el agresor fuera un socio fiable y el agredido un estorbo. Sánchez se ha deshecho en elogios hacia Marruecos, mientras dirigía sus acusaciones hacia la oposición, hacia sus socios europeos, hacia Rusia e Israel, y hasta hacia una etérea internacional ultraderechista. Todos son culpables menos el agresor. Y en lugar de prepararse para impedir un nuevo asalto, todos los esfuerzos se dedican a preparar el alojamiento de los que vengan.
Marruecos, ante un vecino tan sumiso, se frota las manos. Si tenía alguna duda sobre un eventual ataque de mayor escala, el presidente del Gobierno ya se la ha despejado desde la tribuna del Congreso, cuando preguntó a la oposición si habría ordenado "disparar a la población civil". Es un falso dilema, por supuesto: entre disparar y abrir las puertas se encuentra toda la gestión disuasoria que debe hacer un Estado para evitar una invasión extranjera. Pero el mensaje enviado a Rabat es inequívoco: a la próxima, España seguirá de brazos cruzados.
Esta sumisión no solo les está saliendo muy cara a los ceutíes: también está teniendo un alto precio político para el Gobierno. El bochorno está siendo demasiado evidente hasta para sus socios más fieles. Y eso que tenía a mano la jugada más sencilla de la política: pedir un cierre de filas para plantar cara a un enemigo exterior. Sánchez ha dejado escapar la ocasión más fácil que ha tenido en años para darle la vuelta a su delicada situación electoral.
Pero algo se lo ha impedido. Cuando alguien tan aferrado al poder renuncia a jugar una buena mano de cartas es porque hacerlo tiene un coste que no conocemos. Estas últimas semanas parecen dar la razón a quien piensa que Rabat cuenta con un as en la manga. Ya hay socios parlamentarios que no descartan en público que el Gobierno esté chantajeado, y la sospecha apunta al robo de información del móvil de Sánchez, admitido por el propio Ejecutivo. El presidente despachó esa sospecha como un bulo digno de una serie de Netflix. Pero lo que sí sería digno de una serie de Netflix es que el final de Pedro Sánchez llegara a lomos de un caballo alado.