El Gobierno de Estados Unidos se está encontrando con los primeros reveses judiciales. Después de unas primeras semanas de actividad frenética, muchas de sus iniciativas se han visto paralizadas en los tribunales debido a demandas principalmente de sindicatos de la función pública y fiscales generales de estados gobernados por los demócratas. Pero eso entra dentro de la normalidad. El ideal republicano bajo el que se rige Estados Unidos es el de un país regido por las leyes y no por los hombres, de modo que el poder tanto del Congreso como del presidente tienen límites que son determinados por el poder judicial.
El problema, claro está, es que también los jueces tienen sus sesgos políticos y en algunos casos, como vimos en el juicio donde se condenó a Donald Trump antes de las elecciones, esos sesgos pueden imponerse al respeto a la ley. Existe aproximadamente un millar de jueces federales con poder para paralizar una decisión del Ejecutivo, de modo que, aunque las manzanas podridas sean pocas, resulta relativamente sencillo presentar las demandas contra el Gobierno en jurisdicciones donde sabes que encontrarás un oído amigo.
Es un truco que, no obstante, tiene fecha de caducidad, pues aunque el juez afín que te has buscado decida a tu favor, ese proceso se apela primero a los tribunales de distrito, donde las apelaciones ya las deciden entre varios jueces, y finalmente al Supremo, que tiene una mayoría constitucionalista.
Decimocuarta enmienda de la Constitución
Por eso tanto las demandas como los fallos judiciales no pueden
verse como un todo porque dentro esconden muchas cosas. La
decisión de un juez de paralizar el decreto que ponía límites a
otorgar automáticamente la ciudadanía norteamericana a cualquiera
que nazca en el país es posiblemente la más razonable, porque es
una medida que contradice siglo y medio de práctica y precedentes
judiciales sobre la decimocuarta enmienda de la Constitución, y
además por decreto.
No es cuestión de que sea buena o mala política: en Europa en general y en España en particular no funciona como en Estados Unidos: en general, alguno de tus padres ha de ser español para que tú lo seas aunque hayas nacido aquí. No digo que Trump no pueda salir victorioso del Tribunal Supremo, pero lo más probable es que se dictamine que es inconstitucional. Al otro lado del espectro nos encontramos con la prohibición a cualquier cargo político de acceder al sistema de pagos del Departamento del Tesoro.
Por mucho que el objetivo fuera Elon Musk y su equipo de recortadores, la orden incluía al propio secretario del Tesoro. Ponía a funcionarios que nadie ha elegido por encima de cargos designados por el presidente electo y confirmados por el Senado. No sólo no tenía ni pies ni cabeza, sino que técnicamente era una orden judicial que no tenía precedentes e incumplía la misma normativa que permite a los jueces federales paralizar una medida del poder ejecutivo. Y es justamente esta decisión la que ha provocado las críticas más airadas del Gobierno, desde Musk a Trump, pasando por medio Partido Republicano, hasta el punto de que un congresista ha iniciado los trámites para la destitución, el impeachment, del juez Paul Engelmayer, responsable del desaguisado.
Obama y Biden incumplieron las sentencias del Supremo
Pese a la fama, el primer Trump fue un presidente especialmente respetuoso con el poder judicial, mucho más que Obama o Biden, que incumplieron ambos sentencias del Tribunal Supremo. Pero este Trump 2.0, después del calvario judicial que ha pasado estos cuatro años, no parece tan dispuesto a serlo. En la red social X puso una cita, apócrifa, de Napoleón: "Aquel que salva a su país no incumple ninguna ley". Resultaría bastante contraproducente incluso para sus propios intereses dedicarse a saltarse a la torera a los tribunales, especialmente cuando todo apunta a que le darán la razón en la mayoría de las demandas que le han interpuesto.
Desde hace décadas, especialmente desde los años 70, el Congreso ha usurpado parte de las potestades que corresponden al presidente de Estados Unidos, como por ejemplo la de no gastar todo el dinero presupuestado para un fin concreto. Todo apunta además a que el huracán que ha desatado Trump terminará con el Supremo restaurando la separación de poderes prevista en la Constitución.
Por ese legado, que en ese frente mejoraría el de Reagan, quedará empañado si Trump decide desobedecer a los tribunales, por muy sectarios que sean, por no tener la paciencia necesaria para esperar a que el Supremo decida.