En los micrófonos del Programa de Cuesta, Beatriz García analiza la última deriva de las políticas laborales de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, orientadas a reducir las horas de trabajo y fomentar la inactividad mediante ayudas públicas. El foco principal de la crítica se centra en el subsidio para mayores de 52 años, una medida heredada del primer Ejecutivo de Pedro Sánchez en 2019 -bajo la gestión de la entonces ministra Magdalena Valerio- que ha desatado duras críticas por parte de organismos económicos nacionales e internacionales.
Este subsidio, que originalmente se concedía a partir de los 55 años, vio rebajada su edad de acceso a los 52 años con el objetivo declarado de facilitar la inserción laboral. Sin embargo, la reforma introdujo un cambio sustancial: el requisito de rentas dejó de evaluarse en función del conjunto del hogar para pasar a un análisis exclusivamente individual. Esto permite que una persona pueda percibir la ayuda pública de casi 500 euros mensuales aun cuando su cónyuge disponga de ingresos elevados, eliminando cualquier control sobre el nivel de riqueza real de la unidad familiar.
El principal incentivo perverso de este subsidio radica en su cotización. El SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) se hace cargo de las cotizaciones a la Seguridad Social del beneficiario, pero no sobre la base mínima, sino al 125% del salario mínimo interprofesional -SMI-. De este modo, la persona que recibe la ayuda genera derechos para su futura jubilación muy superiores a los que obtendría aceptando un empleo con un sueldo bajo. Los colaboradores señalan el enorme perjuicio que esto supone para el sistema, ya que son los propios contribuyentes quienes sufragan con sus impuestos una pensión más elevada para alguien que no trabaja.
Por su parte, el laboratorio de ideas Fedea define esta ayuda como una fórmula de prejubilación camuflada. Según sus estimaciones, la reforma de 2019 ha provocado una explosión en el número de beneficiarios, que ha pasado de los 214.000 previstos sin cambios normativos a más de 529.000 personas en la actualidad. Fedea calcula que el impacto económico total de este diseño irresponsable asciende a miles de millones de euros, desglosados entre el gasto directo de las prestaciones y las cotizaciones sociales que el Estado deja de ingresar al retirar a este colectivo del mercado laboral activo.