Esta semana España ha vuelto a entregarse a una de sus ceremonias fiscales más reconocibles: la publicación de la lista de morosos de Hacienda. Un ritual anual que combina la insaciabilidad de la Agencia Tributaria con ese inevitable componente de cotilleo nacional que aparece cada vez que, entre sociedades quebradas, delincuentes económicos y entramados empresariales, emergen nombres conocidos del mundo del espectáculo, la televisión o la prensa rosa. Bajo la apariencia solemne de la transparencia tributaria, el país se asoma de nuevo a un escaparate donde la deuda al erario se convierte en amarillismo y el procedimiento administrativo en material de tertulia.
La lista de morosos de Hacienda es uno de los grandes monumentos al abuso moral del Estado. Cada año, la Agencia Tributaria publica los nombres de quienes mantienen deudas superiores a 600.000 euros. Oficialmente, se trata de combatir el fraude y fomentar el cumplimiento fiscal. En la práctica, es una pena de telediario, una condena reputacional y un cartel colgado al cuello del contribuyente para que el país entero lea una sola palabra: moroso.Y ese término destruye todos los matices.
Porque una cosa es deber dinero a Hacienda y otra muy distinta es merecer un linchamiento público. Una cosa es que el Estado tenga derecho a cobrar y otra que tenga derecho a convertir la reputación de una persona en una herramienta recaudatoria. La Administración ya dispone de poderes inmensos: puede inspeccionar, sancionar, embargar, ejecutar patrimonio y perseguir al deudor hasta el último céntimo. ¿De verdad necesita, además, exhibirlo ante millones de personas?
El caso de Bertín Osborne resume como pocos la perversión del sistema. Según publicó esta casa, el cantante remitió a Es la Mañana de Federico documentación de varios pagos realizados el 15 de abril por casi 900.000 euros, con los que sostiene haber saldado su deuda con Hacienda. Sin embargo, su nombre volvió a circular en julio como el de un moroso más. Y ahí está parte del problema: aunque la lista refleje una fotografía técnica tomada a 31 de diciembre, el daño reputacional se produce meses después, cuando la realidad puede haber cambiado por completo. El titular que sale en todos los medios de comunicación no dice: "aparecía con deuda a cierre del ejercicio anterior, aunque afirma haber pagado después y haber aportado documentación". El titular dice: "Bertín Osborne, moroso de Hacienda". Y eso es lo que queda.
Lo mismo ocurre con quienes alegan litigios pendientes, conflictos patrimoniales, errores administrativos o procedimientos mucho más complejos que una simple negativa a pagar. La lista no explica, no distingue y no contextualiza. No separa al que no quiere pagar del que tiene problemas como concursos de acreedores o la ejecutabilidad de los bienes. No distingue del que ha pagado después, del que discute una derivación de responsabilidad o del que se ha visto atrapado en un pleito colateral. Mete a todos en el mismo saco y deja que el linchamiento público haga su trabajo.
El Tribunal Supremo ya tuvo que corregir el alcance de esta herramienta, recordando algo tan elemental como que no se puede incluir cualquier deuda discutida como si la Administración fuera infalible y que, por tanto, sólo deberían aparecer deudas firmes. Pero incluso con esa corrección, siguen apareciendo estos conflictos y el problema de fondo permanece intacto: ¿qué clase de Estado necesita avergonzar públicamente a sus ciudadanos para cobrar?
La ironía es obscena. Esta lista fue impulsada por Cristóbal Montoro, el ministro que convirtió Hacienda en una mezcla de púlpito, amenaza y superioridad moral. El hombre que hablaba de los contribuyentes como si fueran pecadores necesitados de penitencia. Y hoy ese mismo Montoro está investigado en una causa por presuntos delitos gravísimos relacionados con favores legislativos, tráfico de influencias, cohecho y prevaricación. Tiene, por supuesto, presunción de inocencia. Precisamente por eso resulta tan escandaloso que quien promovió una maquinaria de señalamiento público esté ahora bajo la sombra de aquello que decía combatir.
Pero los socialistas tampoco pueden dar lecciones. Llegaron prometiendo regeneración democrática y han mantenido intacto el invento de Montoro a la par que conocemos gravísimos casos de corrupción con condenas ya firmes y más de un centenar de imputados. ¿Bajo qué autoridad moral someten a este escarnio a los ciudadanos?
La lista de morosos no es transparencia. Transparencia sería saber cómo se gasta cada euro público, quién recibe subvenciones, quién vive de contratos amañados y quién se beneficia de rescates, condonaciones, favores regulatorios o puertas giratorias. Transparencia sería desnudar al poder, no señalar al que paga la fiesta. La lista de la vergüenza no avergüenza solo a quienes aparecen en ella. Avergüenza también a quienes la crearon, a quienes la mantienen y a todos los que han aceptado que el Estado pueda usar el linchamiento reputacional como una herramienta más de recaudación. Porque un Estado justo recauda, pero uno abusivo humilla.