Acabada la campaña de la renta, comienza la "dulce espera" del saldo que quedó "a devolver". Lo que quiero explicar es que eso es una fantasía, porque, en verdad, la declaración de la renta nunca da a devolver.
El sistema de recaudación del IRPF funciona básicamente de la siguiente manera: cada mes, a cada asalariado le quitan un porcentaje de su salario. Una parte corresponde a su cotización a la Seguridad Social; otra, a una "retención" a cuenta de su pago del impuesto a la renta.
El del asalariado es el caso más común, pero no es el único. A casi todas las percepciones derivadas de un trabajo o servicio se les descuenta una retención. Si alguien da cursos y conferencias, se le retiene el 15%, igual que a alguien que obtiene un premio literario, por ejemplo. Obviamente, también se les retiene a los autónomos.
Cualquiera que ahorre y cobre dividendos por acciones o intereses de títulos de deuda (públicos o privados), ve reducida su percepción por la correspondiente retención. Lo mismo le ocurre a alguien que haga un plazo fijo o cobre intereses de una cuenta de ahorro, por miserable que sea el importe. Si alguien obtiene un beneficio por la venta de participaciones de fondos de inversión, el gobierno también se lleva su parte a cuenta del IRPF.
Todo ese dinero retenido es en muchos casos una suma mayor que la que correspondía pagar. Así, la declaración de la renta da como resultado una "devolución". Devolución que tiene más de ficticio que real.
Alguien cuya declaración de IRPF haya dado a devolver, puede acabar recibiendo en diciembre de 2026 un dinero retenido en exceso más de un año antes. Eso implica un coste financiero, pero también una limitación a la capacidad de hacer de los pagadores de impuestos.
El coste financiero tiene que ver, en primer lugar, con las rentas que se podrían haber obtenido invirtiendo el dinero retenido en exceso por el estado (siempre con minúscula). A esa pérdida financiera se suma que la devolución se realiza con euros que tienen un menor poder adquisitivo que el que tenían los que fueron retenidos.
La limitación a la capacidad de hacer (limitación a la libertad individual) se debe, simplemente, a que alguien al que le han retenido de más, tiene menos dinero que el que le corresponde, por lo que puede comprar o invertir menos.
El problema adicional es que esto no es algo que ocurra una vez, sino que se repite año tras año, en un sistema que solo beneficia al gobierno (que se financia gratis) y perjudica a los pagadores de impuestos.
De este sistema de retenciones exageradas que dejan un saldo "a devolver" surge otra consecuencia perversa: hacer creer a la gente que "paga poco"; tan poco, que "me da a devolver".
Si nos atenemos a la definición de justicia de Ulpiano ("dar a cada uno lo suyo"), es evidente que el actual sistema de retenciones es injusto, porque quita lo que es suyo al que pagó de más.
Un sistema justo debería ser exactamente al revés: habría que recortar las retenciones de forma tal que no quede saldo a devolver a nadie. Y si, aun así, quedara algún saldo a devolver, que se devuelva incrementándolo con el mismo tipo de interés que el estado cobra a quienes pagan tarde sus impuestos.
Difícilmente se hará una reforma así: el político medio español (estatista) preferirá mantener el actual expolio y evitarse el enfado de millones de pagadores de impuestos, acostumbrados a tener declaraciones "a devolver", encontrándose con saldos "a pagar".
El punto es que esos saldos "a pagar" serían un gran incentivo para fiscalizar y protestar por el colosal gasto público; un incentivo a favor de más libertad. Pero, ¿cuántos políticos quieren más libertad?