Andalucía

 

El escándalo de las comilonas de cinco consejeros socialistas del Consejo Audiovisual de Andalucía crece por momentos. De una parte, el PSOE no piensa mover un dedo para pedir la dimisión de los cinco consejeros, entre los que se encuentra un ex director general de Canal Sur TV. De otra, se ha producido una situación esperpéntica puesto que los dueños de los restaurantes que emitieron algunas de las facturas no pueden cobrarlas debido a que el citado consejo no puede reconocerlas como oficiales y ajustadas a las normas. Consecuentemente, las reclamaciones, cuenta este lunes El Mundo, ya  han comenzado.

Más de 20.000 autónomos andaluces esperan recibir desde abril de 2007 el proclamado ticket del autónomo, una subvención de hasta 9.000 euros que se prometía entregar en menos de 60 días para iniciar la actividad, y que aún no se ha cumplido. Ni la Consejería de Empleo ni la de Innovación ofrecieron datos de las solicitudes que esperan respuesta aunque parece que se ha desatado una guerra entre ellas para zafarse de las responsabilidades de los incumplimientos. El Plan Más Autónomo se convierte así en el Plan Menos Cumplido en Andalucía.

Este jueves Libertad Digital publicó que el socialista "pata negra" Miguel Ángel Pino había sido durante años un altísimo directivo de Prasa - fue adjunto a la presidencia del grupo desde 1995 a 2002 -, y que continuaba siendo apoderado del grupo según constaba en el Registro Mercantil, cuya certificación fue expedida este jueves mismo a las nueve de la mañana. Sin embargo, el grupo Prasa ha reconocido a este diario digital que tal confusión es debida a que no han cumplido los deberes administrativos de dar de baja en el Registro al apoderado en cuestión.

El presidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves conoció el informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía, pero ignoró su contenido, profundamente crítico con la situación del municipio de Estepona ya en 1999 y no investigó sus rotundas acusaciones. A pesar del conocimiento de las denuncias de los medios de comunicación y de miembros de su propio partido, consintió que Antonio Barrientos fuese candidato a la alcaldía por razones meramente electorales, contribuyendo así a la consolidación y extensión de la corrupción en el municipio de la Costa del Sol ahora investigado.

Un dossier ha llegado anónimamente a las redacciones de la prensa sevillana. Perfectamente documentado y asistido de pruebas definitivas, acusa a los cinco miembros que representan al PSOE en el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) de despilfarrar el dinero público en comidas, transportes y demás anomalías. Hay que recordar que el PSOE persiguió al presidente del Consejo Audiovisual, Miguel Ángel Vázquez Medel, hasta lograr su dimisión. Todo por denunciar el partidismo de Canal Sur Radio y Televisión en la pasada campaña electoral.

Este martes se publicó que el subdirector general de Recursos Humanos de Cajasol, Alfonso Bermúdez, que ha sido destituido de su cargo el pasado 1 de abril, ha denunciado ahora aunque previsiblemente era un hecho conocido, al menos por él,  que, desde hace años, cuatro directivos de El Monte de Huelva y Sevilla que ya no trabajan en la entidad han seguido cobrando la percepción. CCOO, explicó que en 2002 dio su aprobación a la adenda al Acuerdo Laboral de Previsión Social de la Caja, de diciembre de 2000, para "ahorrar la caja el coste ya dotado en el plan de pensiones (de los cuatro directivos), que no se consideraba a restar de los contratos individuales". "Se evitaba así", según el sindicato, "que estos cuatro directivos cobrasen doble (contrato individual más plan de pensiones)".

Con 13 denuncias y escándalos varios publicados en los medios de comunicación desde 2002 a 2006, Manuel Chaves, presidente de la Junta de Andalucía, no sólo no tomó cartas en el asunto de Estepona, sino que conservó como candidato a la alcaldía a Antonio Barrientos en las elecciones municipales de 2007. Ahora este personaje sobre el que recaían numerosas sospechas denunciadas por la oposición del PP firmó un acuerdo de gobierno con los antiguos miembros del GIL.

El subdirector general de Recursos Humanos de Cajasol, Alfonso Bermúdez, que ha sido destituido de su cargo el pasado 1 de abril, ha destapado este hecho ahora aunque previsiblemente era ya conocido, al menos por él, desde hace años. Según El País, cuatro directivos de El Monte de Huelva y Sevilla han seguido cobrando la percepción, con carácter vitalicio, de una renta anual revisable, cuyo importe coincide con el último salario anual que cobraron en activo más las revisiones anuales correspondientes. Esto quiere decir que los cuatro ex directivos han seguido percibiendo su sueldo íntegro actualizado desde el año 2002, hace casi seis años.