La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha emitido una ordenanza que prohíbe la publicidad sindical y determinados actos como la recogida de firmas que se estaban llevando a cabo en centros sanitarios de la región, dentro de la campaña de protestas que un sindicato médico, apoyado por toda la izquierda política, está llevando contra el gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
Como era de esperar le medida ha recibido una oleada de críticas: desde esa misma izquierda y no pocos medios de comunicación se ha acusado al ejecutivo regional de represión y censura pero, ¿es realmente esta medida cualquiera de esas dos cosas?
La respuesta es obvia: no, los mismos que dicen que la Sanidad en particular y los servicios públicos en general son de todos no pueden apropiárselos para hacerlos servir sus propios intereses, el espacio público, lo que pagamos entre todos, tiene que estar libre de reivindicaciones políticas o incluso sindicales, no puede ser rehén de aquellos que están allí para prestar un servicio y no para ser una plataforma.
La polémica coincide con la noticia de que la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad ha emitido un comunicado denunciando que algunos huelguistas "intentan convertir en rehenes a los pacientes para conseguir sus objetivos y pretensiones", algo que sería de por sí despreciable, pero es ya totalmente incalificable tratándose de este tipo de usuarios de los servicios públicos.
En su duro escrito la organización advierte que "no va a consentir ningún tipo de presión a las personas con discapacidad" y pide a las dos partes que se llegue a un acuerdo. Lo más importante de descubrir este hecho es que define completamente la bajeza moral de aquellos que, cegados por su sectarismo, son capaces de cualquier cosa para lograr sus objetivos políticos.