Los árboles, Galicia, no deberían tapar el bosque, España. O lo que es lo mismo, la inexcusable responsabilidad de Núñez Feijóo en el engaño, uno más, a los votantes del PP, no es eximente para muchos otros.
Las políticas liberticidas –hasta el eufemismo utilizado, "normalización", revela sus propósitos totalitarios– que persiguen desterrar el español de la vida pública –grave– y hasta de la privada –mucho peor– no son cosa de hace dos días ni se ciñen únicamente a la región gallega. El Manifiesto de los 2.300 impulsado por Federico Jiménez Losantos en la Barcelona de 1981 está a punto de cumplir 30 años. En él intelectuales y profesionales que vivían en Cataluña expresaban su preocupación por la vulneración de "derechos tales como los referentes al uso público y oficial del castellano, a recibir la enseñanza en la lengua materna o a no ser discriminado por razones de lengua".
En estas tres décadas han gobernado en España UCD, PSOE y PP. Nadie ha hecho nada. Tampoco el jefe del Estado. Ni un dedo meñique han movido para defender los derechos y libertades de los ciudadanos, todavía formalmente españoles, residentes en Cataluña que la Constitución les reconoce; sí, aunque suene a recochineo. Lejos de eso, el problema que entonces se localizaba en Cataluña se ha extendido, cual metástasis, por todas las regiones con dos lenguas oficiales, independientemente de que gobiernen en ellas nacionalistas, socialistas o populares. En Galicia, Fraga copió a Pujol la Ley de Normalización Lingüística –esa a la que apela ahora Feijóo para legitimar su traición. En Valencia, más de los mismo, hay zonas en las que es imposible la escolarización en castellano. En Baleares, el PP local se apuntó entusiasta a la fiebre normalizadora... Felipe González, José María Aznar y, cómo no, Zapatero han asistido impasibles desde Moncloa, cuando no han colaborado activamente.
El propio sistema autonómico ha propiciado que las taifas compitan en "elementos diferenciadores", nada mejor que la "lengua propia". Cuanto menos "español", más poder para el reyezuelo de turno. Es, por tanto, inviable, como se ha visto en Galicia, que la solución parta, precisamente, de donde está el origen del problema. Sólo un gran acuerdo nacional podría restituir los derechos y libertades derivados de una Constitución que se ha convertido en papel mojado, víctima de sí misma. Una utopía con este PSOE y, lo más preocupante, también con este PP. Porque no sólo ha mentido Feijóo, Rajoy y su dirección nacional también. En el Congreso de los Diputados el diputado Alfonso Alonso defendió con vehemencia una proposición no de ley en defensa de la libertad lingüística. Lo hizo, claro, poco después de una calcada de Rosa Díez, cuyo partido es el único que reclama una reforma constitucional que devuelva la competencia de Educación al Estado.
En esas estamos. Un diputado frente a 349. O el sistema representativo no funciona, o tenemos lo que nos merecemos. O, lo peor y más probable, que las dos cosas sean ciertas.