El presidente de la Generalidad catalana, Pere Aragonès, se niega a recibir a los padres que piden que sus hijos puedan recibir al menos un 25% de la educación obligatoria en español, idioma que a pesar de ser cooficial en la región recibe el trato de una lengua extranjera en el mejor de los casos. Aragonès, que junto con Oriol Junqueras y Marta Rovira, enarbola la bandera del "diálogo" y que además presume de ser el presidente de todos los catalanes, no quiere saber nada de lo que puedan exponer esas familias o las asociaciones que las representan.
Antes al contrario, Aragonès se jacta de que uno de grandes logros de su año y medio al frente de la Generalidad es haber tumbado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que fijaba ese porcentaje de enseñanza de español en el sistema público y concertado gracias a unas reformas legislativas refrendadas con inusitado ardor por el PSOE y su sucursal catalana, el PSC. Que se incumplan las sentencias no parece afectar a los jueces que las dictan, ni a los del TSJC ni a los del Tribunal Supremo que ratificaron el fallo. En Cataluña, el Estado no existe y los tribunales llevan camino de desaparecer.
Así pues, ni el Gobierno de Pedro Sánchez ni los magistrados de las más altas instancias están interesados en que se cumplan las resoluciones de los tribunales. Esa actitud ha permitido que la Generalidad pisotee por enésima vez los derechos de los castellanohablantes en Cataluña mientras el TSJC y la Fiscalía de Cataluña miran para otro lado y niegan a los padres la adopción de medidas cautelares hasta que resuelva la cuestión el Tribunal Constitucional, seguramente cuando ya haya sido tomado al asalto por el PSOE y Podemos.
El próximo domingo, 18 de septiembre, hay otra manifestación en Barcelona. El lema es "Español, lengua vehicular". Sólo piden eso, pero la alianza entre separatistas y socialistas con la complicidad de los jueces (no de todos, claro, pero sí de unos cuantos) se ha propuesto erradicar el español de los centros educativos y como dijo Aragonès en su discurso previo a la "Diada" de las trompadas, lo están consiguiendo. De hecho, llevan décadas persiguiendo este idioma por la vía de discriminar, señalar y reírse de quienes lo hablan tanto en la administración como en la enseñanza.
Pese a todo y contra viento y marea, la plataforma "Escuela de Todos", que agrupa a las organizaciones cívicas constitucionalistas de la región, considera que salir a la calle es una forma de evitar la luz de gas que proyectan sobre ellos la Generalidad y los partidos separatistas, incluido el PSC, con el concurso de la "mesa de diálogo" formada por el Gobierno y los consejeros de ERC en dicha Generalidad.
La situación es insostenible. Por mucho que el separatismo vaya a la baja y sus principales actores anden a garrotazos por las calles, van ganando. Cinco años después del golpe de Estado, mandan en la Generalidad y controlan al Gobierno. Salir de manifestación en estas condiciones es casi una prueba de heroísmo y de coraje sin parangón. Nada que ver con ese desfile independentista que pretende ser el "pueblo de Cataluña". La vocación totalitaria de los separatistas se muestra cada vez que Aragonès, por muy no grato que sea para los independentistas más feroces, dice que "Cataluña tiene un conflicto con el Estado" y nadie osa corregirle.
En Cataluña hay un conflicto, sí. Y lleva décadas activo. Se basa en el intento de eliminar a quienes se niegan a aceptar el rodillo separatista, tan catalanes o más que quienes les desprecian y les dicen que si no les gusta lo que hay, se vayan de Cataluña. Puede que el próximo 18 de septiembre no haya tanta gente en la calle como este pasado domingo, pero la dignidad, la valentía y la razón estarán de su lado. Y será una manifestación cívica y pacífica. Nada que ver con los insultos, gritos y amenazas de ayer. Que los socialistas en Cataluña no apoyen esa convocatoria dice mucho de su moral.