El escándalo provocado por la reducción de las penas de más de 200 agresores sexuales, no pocos de los cuales han salido tranquilamente de prisión, ha obligado al Gobierno a recular anunciando la introducción de importantes modificaciones en la llamada ley del "sólo sí es sí" para detener esa sangría vergonzosa de rebajas de sentencias y excarcelaciones.
Los argumentos que baraja el Gobierno socialpodemita no distan de las advertencias de los principales órganos consultivos durante la tramitación parlamentaria del engendro, que avisaron durante meses de lo que se avecinaba si finalmente entraba en vigor. La realidad confirmó los peores presagios de los expertos y, nada más entrar en vigor, comenzó un rosario de beneficios penitenciarios a los peores agresores sexuales que ha escandalizado a toda la sociedad y provocado el pánico entre las víctimas de estos violadores y pederastas.
En menos de seis meses de vigencia de la ley casi 300 delincuentes sexuales han visto reducidas sus penas o decretada su salida de prisión, una vergüenza que solo se entiende por la contumacia de Irene Montero y la complicidad de Sánchez, capaz de todo con tal de mantener el apoyo de los chavistas a los que ha permitido entrar en el Ejecutivo.
La decisión de la facción socialista del Gobierno de rectificar el articulado elaborado por la ministra bolivariana y su equipo de podemitas incompetentes es obligada porque la sociedad española difícilmente iba a tolerar una excarcelación más. Haciendo de la necesidad virtud, el sector sanchista del Gobierno ha hecho ese anuncio inevitable que, sin embargo, no podrá enmendar el daño ya producido ni devolver a los delincuentes el rigor de sus penas iniciales, puesto que una modificación legal solo puede aplicarse si es más beneficiosa para el reo que la norma original.
Pero ni la constatación del desastre provocado por su ley estrella ni la rectificación anunciada por el Ejecutivo hacen mella en el fanatismo granítico de Irene Montero y su equipo de iletradas recalcitrantes, que siguen presumiendo de una de las leyes más nocivas que han visto la luz en esta desdichada legislatura. En lugar de admitir su incompetencia, pedir perdón y marcharse a casa, los podemitas siguen defendiendo que una ley que pone en la calle a los violadores es una herramienta eficacísima para "proteger a las mujeres víctimas de las violencias sexuales", una afirmación ofensiva para toda la sociedad que solo pueden admitir los sectores más alucinados de la ultraizquierda bolivariana.
A falta de ver en qué consiste esta rectificación anunciada, un hecho es evidente: Sánchez debe cesar inmediatamente a la ministra responsable de esta catástrofe y enviarla al paro junto a todo su equipo, culpables en comandita del mayor ridículo legislativo de nuestra Historia democrática. Por supuesto no lo hará; lo que no es pretexto, sino todo lo contrario, para que la oposición en bloque exija la única medida que puede paliar en alguna medida el daño que todos ellos ya han provocado.