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EDITORIAL

Nuevo golpe en el Congreso a la independencia judicial

Que el PSOE se avenga a facilitar estas comisiones es otra prueba de que para Sánchez no hay líneas rojas en las operaciones para destruir la democracia.

Ni una semana han tardado los aliados de Pedro Sánchez en el Congreso y el PSOE en registrar las comisiones anticipadas en los pactos con los separatistas para emprender el señalamiento y persecución contra los jueces que han intervenido en procesos relacionados con dirigentes nacionalistas, ya fuera por el golpe de Estado o por cualquier otro delito. Con la aprobación de estas comisiones parlamentarias se da curso al indisimulado intento de controlar a los jueces y castigar a aquellos que han investigado y condenado a corruptos y golpistas bajo el supuesto del "lawfare", la supuesta persecución judicial del independentismo. El propósito no sólo es el de exonerar a personajes como los miembros del clan Pujol, la presidenta de Junts, Laura Borràs, o el abogado de Puigdemont (condenado por el secuestro de Emiliano Revilla y encausado en la actualidad en un proceso por blanqueo de capitales del narcotráfico) sino marcar el terreno al Poder Judicial y disolver la separación de poderes. En suma, un golpe de Estado de manual con una intromisión en el terreno de la justicia peor aún que la perpetrada por el kirchnerismo en Argentina.

Sin disimulo alguno, con una prepotencia inaudita, ERC, el BNG y Bildu han presentado este jueves en el Congreso una comisión sobre el espionaje a diversos dirigentes independentistas que fue llevado a cabo con autorización judicial y en el marco de la violencia desatada en Cataluña en respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo contra los principales autores de la asonada de septiembre y octubre de 2017. Pero no se queda ahí el propósito de dicha comisión, pues también se incluye la investigación que llevó a cabo el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón sobre el robo del teléfono móvil de una colaboradora de Pablo Iglesias. Van a por este magistrado, en el punto de mira de los separatistas de ERC y Junts por la instrucción del sumario del Tsunami Democràtic, precisamente la organización que llevó a cabo actos en Cataluña que según el juez cuadran con los supuestos del terrorismo.

Esta es la tercera comisión que se registra en el Congreso tras los acuerdos de investidura de Pedro Sánchez. El partido de Puigdemont, con la colaboración del PNV, fue el primero en mover pieza con sendas comisiones sobre la llamada "Operación Cataluña" y sobre los atentados islamistas de las Ramblas de Barcelona y Cambrils ocurridos el 17 y 18 de agosto de 2017. Con la primera, los separatistas pretenden demostrar que las investigaciones sobre las corruptas actividades económicas de la familia Pujol buscaban erosionar el proceso independentista emprendido por los nacionalistas a principios de la década pasada. La segunda comisión es, si cabe, más grave, pues con ella se intentará difundir la especie de que aquellos atentados fueron en realidad una maniobra del Estado con el CNI a la cabeza para desestabilizar al gobierno catalán semanas antes de la celebración del referéndum ilegal del 1-O. Que el PSOE se avenga a facilitar tales comisiones es otra prueba de que para Pedro Sánchez no hay líneas rojas en las operaciones para destruir la democracia.

La intención es clara. Se trata de una operación de castigo contra los jueces que fueron claves para detener el golpe separatista y que juzgaron a sus autores con todas las garantías de un Estado de derecho y algunas más. También se trata de frenar cualquier investigación presente o futura que pueda afectar a quienes de la mano de Sánchez han tomado el Estado al asalto aprovechándose de las necesidades del líder socialista. Esos votos separatistas que le han aupado a la presidencia en una maniobra de obvios tintes golpistas.

Lo advirtieron las asociaciones de jueces, todas, tras la firma del pacto entre el PSOE y Puigdemont. También el Tribunal Supremo, el Consejo General del Poder Judicial y numerosos jueces en toda España y en especial la mayoría de los destinados en Barcelona. Lo que era un acuerdo político es ya un atentado en toda regla contra la independencia judicial, contra la separación de poderes, una intromisión obscena y aberrante en la justicia que subraya sin matices los perfiles del mandato de los socios separatistas y proetarras de Pedro Sánchez. Se confirman los peores augurios. El Estado de derecho es pura ficción en España. La intervención de la Comisión Europea se antoja urgente e imprescindible, así como la resistencia cívica y la movilización permanente.

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