La aprobación de la ley de amnistía el pasado jueves en el Congreso de los Diputados ofreció la imagen lamentable de la bancada socialista, aplaudiendo a rabiar el éxito de haberle comprado a un prófugo de la Justicia algunos meses más en el poder. He ahí el pago del socialismo español al separatismo del que depende para mantener a Sánchez en La Moncloa, el único objetivo político que le queda ya al PSOE.
En cualquier otro partido, este abandono de los principios básicos con los que se concurre a unas elecciones para hacer lo contrario de lo que se afirmó hubiera provocado una rebelión interna de consecuencias devastadoras. Por más que los partidos sean formaciones que han de operar con un alto grado de cohesión, no es fácil hacer tragar a militantes y votantes un cambio de rumbo tan brutal como el que ha practicado el PSOE a cuenta de la amnistía a los golpistas catalanes. Pero Sánchez ha hecho del PSOE su cortijo particular con el único objetivo de mantenerse en el poder, aprovechándose de una militancia a la que ya solo distingue su odio guerracivilista al rival político y del silencio cómplice de los barones socialistas, más allá de algún exabrupto aislado destinado a aparentar cierta indignación, de cuya sinceridad cabe dudar.
Como saben bien Emiliano García-Page y Javier Lambán, los dos dirigentes regionales más refractarios a los enjuagues de su partido con el separatismo, la ley de amnistía es un paso definitivo para la división de la sociedad española en dos bloques irreconciliables, el gran objetivo de la izquierda emprendido por Zapatero, que Sánchez ha llevado a sus últimos extremos. Lejos de solucionar un problema de convivencia, como ridículamente sostiene el sanchismo, "se trata de una medida arbitraria, que rompe con la igualdad entre ciudadanos y que nunca ha estado guiada por el bien superior de la reconciliación", sino por "el capricho y la oportunidad política que permite la gobernabilidad", tal y como han explicado los fiscales del 1-O en un serio informe de más de 100 páginas entregado en mano al Fiscal General del Estado, para que no haya dudas de cuál es su posición.
Siendo esto así, lo más apropiado es que los dos dirigentes socialistas hubieran apelado públicamente a la conciencia de sus diputados para no votar a favor de una ley nefanda que va a perjudicar gravemente a los ciudadanos de sus respectivos territorios. Es bien sabido que los miembros del Congreso no están sujetos al mandato imperativo, prohibido expresamente por nuestra Constitución, pero una llamada de atención solemne por parte de sus secretarios generales hubiera puesto a los diputados castellano-manchegos y aragoneses (21 y 13, respectivamente) ante la responsabilidad de dañar conscientemente a los ciudadanos que les auparon al cargo, a pesar de la advertencia expresa de sus secretarios generales.
En lugar de eso, García-Page ha anunciado que su comunidad autónoma estudiará interponer un recurso de inconstitucionalidad, como van a hacer todas las comunidades del PP, a pesar de su incierto recurrido judicial en el seno de un órgano controlado por Conde-Pumpido, uno de los peones más significados del sanchismo. Pero un recurso contencioso sin posibilidad de éxito difícilmente podrá esconder la terrible traición del PSOE a sus votantes en las regiones más desfavorecidas, para vergüenza de los diputados que dicen representarlos y el jueves pasado aprobaron la ley más inmoral de nuestra historia democrática.