No por previsible resulta menos escandalosa la decisión de los magistrados socialistas del Tribunal Constitucional liderados por Cándido Conde-Pumpido de dejar prácticamente impune el mayor caso de corrupción de la historia de España tras exonerar a los expresidentes socialistas andaluces Chaves y Griñan del caso de los ERE en el que se desviaron ilegalmente 680 millones de euros destinados para los parados por parte de la Junta de Andalucía. Esta es, de hecho, la consecuencia de admitir a trámite, aunque sea parcialmente, los recursos de amparo de los dos expresidentes socialistas condenados por el Tribunal Supremo por un delito de prevaricación continuada a nueve años de inhabilitación (Chaves) y a seis años de prisión Griñan por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
Aunque la decisión del bloque mal llamado "progresista" suponga un indulto o una amnistía encubierta y, por tanto, constituya una burla a la ley y una ofensa a todos los contribuyentes, constituye sobretodo un insulto a los magistrados de la Audiencia Provincial de Sevilla y del Tribunal Supremo a los que el bloque progresista de este mal llamado y politizado Órgano de Garantías Constitucionales acusa, nada de menos, que de ignorar principios jurídicos tan elementales como el derecho a la legalidad penal o el derecho a la presunción de inocencia.
Se da la circunstancia añadida que cinco de los siete magistrados afines al PSOE, empezando por Conde-Pumpido, que han votado a favor de las rebajas de condenas en el caso de los ERE habrían podido incurrir en causa de incompatibilidad por sus vínculos notorios con los altos cargos condenados por el Supremo o por haber participado de alguna manera en diligencias, sentencias judiciales o resoluciones relacionadas con la causa. Eso, por no recordar la prohibición de Conde-Pumpido de difundir los votos particulares en la nota de prensa de los ERE.
Así las cosas, siendo grave la dependencia de la Fiscalía General del Estado al Ejecutivo, siendo lamentable la designación política de los miembros del CGGPJ (aunque sea una designación al alimón entre PP y PSOE), la mayor quiebra de nuestra nación entendida como Estado de derecho es la transformación del Tribunal Constitucional en una correa de transmisión del Poder Ejecutivo, un órgano político que, no formando parte del Poder Judicial, invade las competencias del Tribunal Supremo para garantizar, no los derechos constitucionales, sino que ninguna ley o sentencia sea impedimento para la conveniencia del Ejecutivo