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EDITORIAL

El PP lleva al sanchismo a los tribunales

La decisión del PP de presentar una querella contra el PSOE en la Audiencia Nacional es coherente con el deber del principal partido de la oposición.

La decisión del Partido Popular de presentar una querella contra el PSOE en la Audiencia Nacional es coherente con el papel del principal partido de la oposición cuando la corrupción política asfixia al Gobierno. Feijóo, además, ha exigido la dimisión de Pedro Sánchez, cuya figura aparece en el vértice de todas las tramas de corrupción que van saliendo a la luz y de las que, como detalla el reciente informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), tenía perfecto conocimiento.

El documento elaborado por los investigadores a petición de la Audiencia Nacional examina las circunstancias del sospechoso rescate de Air Europa o el aterrizaje en Barajas de la siniestra vicepresidenta venezolana, pero la corrupción socialista comienza ya desde la misma pandemia, cuando en el seno del ministerio de Transportes, el de mayor presupuesto inversor del Gobierno, se llevaron a cabo todo tipo de trapacerías para colocar material sanitario defectuoso a precios exorbitantes en las distintas administraciones controladas por los socialistas. Entre éstas últimas aparecen los gobiernos de Canarias y Baleares, presididos por dos personajes que Pedro Sánchez más tarde colocaría al frente de un ministerio y en la presidencia del Congreso, respectivamente.

José Luis Ábalos, el ministro de mayor peso político en el primer Gobierno de Sánchez, era también el número dos del PSOE, por lo que sus oscuras actividades durante los años en que su principal asesor se enriqueció traficando con influencias afectan de manera muy directa a su partido. Sobre todo cuando aparecen informaciones de bolsas de dinero entrando y saliendo de la sede de Ferraz, como está también ocurriendo en este derrumbe del sanchismo al que estamos asistiendo estos días.

Ni en los tiempos más oscuros del felipismo se dieron simultáneamente tantos casos de corrupción en torno al núcleo duro del Gobierno. Es cierto que el socialismo tiene un componente corrupto inevitable (ahí están el felipismo y los 40 años del PSOE en Andalucía para demostrarlo), pero lo de Sánchez eleva las sospechas a un nivel todavía más obsceno porque, hasta el momento, ningún presidente del Gobierno tuvo que testificar ante la Justicia por la presunta corrupción de su mujer. Eso solo lo ha conseguido Sánchez que, además, tiene a su hermano involucrado en un feo asunto de nepotismo y presunto fraude fiscal.

La corrupción ahoga al PSOE, y sus dirigentes ya ni siquiera son capaces de defender un relato alternativo que se sostenga mínimamente. El caso de la visita de Delcy Rodríguez es paradigmático por las intervenciones públicas de distintos ministros, todos noqueados por la contundencia del relato de los investigadores, que ya solo atinan a esbozar excusas irrisorias, contradictorias o, directamente, falsas.

La Fiscalía General del Estado debería estar liderando la persecución de todos estos presuntos delitos de corrupción política. En su lugar, los fiscales actúan como abogados defensores de los implicados para tratar de ganar tiempo y limitar los efectos mediáticos de las decisiones de la Justicia. Ese es otro motivo adicional para que el principal partido de la oposición dé un paso al frente, como ha ordenado Feijóo, en defensa del interés público y de la limpieza de nuestra democracia, los dos bienes más preciados que el sanchismo amenaza con destruir si sigue en el poder.

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