El testimonio del exdirigente socialista madrileño Juan Lobato en el Tribunal Supremo y el clonado de su teléfono móvil no sólo señalan a la asesora de Óscar López y quien fuera su jefe de gabinete cuando el actual ministro ejercía tales funciones para el presidente del Gobierno o al ministro de la Presidencia Félix Bolaños. Pilar Sánchez Acera fue quien filtró a Lobato la documentación fiscal relativa a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pero resulta palmario que las instrucciones partían de más arriba, directamente del presidente del Gobierno. De modo que el destrozo no se limita a la figura del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, o a un alto cargo de Moncloa. sino que implica y afecta a la misma presidencia del Gobierno.
Los mensajes del móvil de Lobato muestran claramente que la filtración fue anterior a la entrega de la documentación a los medios afectos al Ejecutivo. También muestran de una forma obscena y grotesca la implacable cacería desatada por Pedro Sánchez contra Díaz Ayuso, una ofensiva contra la líder popular en Madrid en la que sus impulsores sobrepasan todos los límites legales con el propósito de erosionar su figura y provocar su caída. El uso de la Fiscalía y de la Agencia Tributaria para eliminar a un rival político es una prueba más de que Sánchez desprecia todas las líneas rojas de la separación de poderes y la legalidad democrática y es capaz de cualquier cosa para conseguir sus propósitos.
Sus subordinados tendrán graves problemas judiciales. De hecho ya los tienen. Empezando por el fiscal general, continuando por el que fuera su mano derecha en Moncloa premiado ahora con un ministerio, Óscar López, y por la subordinada de éste, cuyo papel en la trama conspirativa ha quedado definitivamente contrastado. También el papel de Lobato, quien pese a señalar a la Fiscalía en sus mensajes con la número dos de Óscar López y expresar serias dudas sobre la legalidad del operativo no tuvo reparo alguno en exhibir esa información en la Asamblea de Madrid. Sólo cuando advirtió el peligro de correr la misma suerte que el fiscal general y resultar imputado registró esos mensajes en una notaría. Lo propio hubiera sido acudir directamente al juzgado, pero eso sería esperar demasiado de un dirigente del PSOE de Pedro Sánchez.
La declaración de Lobato en el Tribunal Supremo es el marco en el que arranca el Congreso del PSOE en Sevilla, marcado por la corrupción en los entornos familiar y político de quien será reelegido como líder de una organización sumida en un lodazal de prácticas corruptas y contrarias a las más elementales reglas y leyes de la democracia. Conviene recordar que este mismo viernes ha acudido al Senado la asesora de Moncloa que en realidad se dedicaba a gestionar el máster de Begoña Gómez y a negociar la entrega de importantes cantidades de dinero con destino supuestamente a la cátedra de quien ni siquiera es licenciada. Cristina Álvarez se ha negado a declarar con el argumento de que el caso está judicializado. Ha perdido una buena ocasión de escapar del incendio que rodea al personal de Moncloa.
Al caso Begoña Gómez hay que sumar el caso del hermano de Sánchez, el caso Koldo, el caso Ábalos, el caso Fiscal General y los demás expedientes judiciales. Ese es el contexto de un congreso del PSOE que más que un cónclave político parece una reunión de imputados, posibles imputados y futuros imputados conjurados para retener el poder a cualquier precio, incluido el sistema democrático.