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Amando de Miguel

Un nuevo cambio de régimen

Todo hace suponer que la democracia actual está dando las últimas boqueadas.

Una vez más, como recuerda el viejo romance, "con la grande polvareda, perdimos a don Beltrane". La confusión se refiere a la mítica batalla de Roncesvalles. La seguimos librando los españoles, ocupados como estamos con los tejemanejes de la política cotidiana. Que si el PP gobernará con Vox, que si el doctor Sánchez será el próximo secretario general de la OTAN. Al vecindario le acucia más la imparable trayectoria de la subida de los precios. Todo eso oculta lo que de verdad condiciona la vida de los españoles como nación. En la historia, los sucesos más trascendentales o decisivos suceden un poco por sorpresa o se deciden por unas pocas personas y organizaciones con poder o influencia. Uno, muy principal, es el eventual cambio de régimen, lo que significa alterar la Constitución española y establecer un nuevo tipo de personal político.

A lo largo de las tres últimas generaciones de españoles se han producido algunos trascendentales cambios de régimen. En 1931 España amaneció republicana, curiosamente, tras unas elecciones municipales con un escrutinio dudoso. En 1939, tras una crudelísima guerra civil, se impuso el Estado franquista. En 1975, a la muerte del Generalísimo, decidimos la transición a una democracia parlamentaria y monárquica sui generis.

En España los regímenes contemporáneos han durado, como máximo, unos 40 años, algo más de una generación. Por tanto, todo hace suponer que la democracia actual está dando las últimas boqueadas.

Nótese una notable coincidencia. En las fechas citadas, la sociedad española sufrió terribles trances. Por ejemplo, la gran crisis financiera de 1929, que llegó a España dos años más tarde y que las autoridades republicanas no supieron detectar ni, mucho menos, superar. En 1939, finalizada la Guerra Civil, empezó la II Guerra Mundial. Para España, significó un par de decenios de terrible hambruna. (Entonces, se decía hambre, racionamiento, estraperlo y represión). En 1975 nos enfrentamos a la crisis del petróleo. ¿Y ahora qué?, podríamos decir.

Somos ahora un país medianamente desarrollado, pero nos enfrentamos a una verdadera hecatombe económica con repercusiones políticas. Desde luego, la Constitución de 1978, demasiado minuciosa, se encuentra agotada. Tenemos por delante una eventual guerra frente a Marruecos, con Argelia por medio. Al vecindario le importa la situación de una grave pérdida de productividad o de eficiencia de las empresas y de los organismos públicos. Lo inesperado es que, ante un posible conflicto con el Magreb, los Estados Unidos de América lo más probable es que ayuden a nuestros adversarios. Es evidente que la presencia internacional del Gobierno español es bastante lastimosa.

Resulta peliagudo el trámite de diseñar una nueva Constitución. Sus redactores no tendrían que ser, necesariamente, catedráticos de Derecho Político (o como se llame ahora la asignatura). Las deliberaciones para tal proyecto deberían alojarse en el Congreso de los Diputados con una cierta publicidad.

Bien, nos podríamos ahorrar el empeño de una nueva Constitución, solo que la actual empieza a ser inservible y no se cumple del todo, verbosa como es. El sistema autonómico, que fuera su innovación más original, ha producido malos resultados y, por lo menos, ha contribuido a una asombrosa reproducción de los efectivos de la clase política. El mantenimiento de los servicios públicos resultó demasiado caro.

Lo más difícil no es tanto diseñar la estructura de partidos políticos (sobre la que tendré que volver otro día) como la selección del personal político. Naturalmente, la respuesta no la puede dar un texto constitucional, por bueno que sea. El cual debe ser breve y preciso, desprendido de ensueños, utopías y retóricas. Ya sé que es mucho pedir. Al menos, que no se pueda repetir la broma de Antonio Cánovas (malagueño él), al sugerir, en una tertulia, el texto del artículo primero de la nueva Constitución: "Serán españoles los que no pueden ser otra cosa".

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