No es ninguna novedad que la Unión Europea es un monstruo burocrático cuyas tendencias intrusivas e intervencionistas superan a las de los Estados paternales que forman parte de la misma. La Comisión Europea quiere hacer obligatoria en los Quince (Veinticinco) la retención de datos de tráfico de Internet. Si Bruselas se sale con la suya se dará un paso poco efectivo en la lucha contra el terrorismo –de hecho, este tipo de normas tienen poco que ver con tan terrible fenómeno se tratan de imponer en Europa incluso antes del 11-S– pero que supondrá un serio peligro para la intimidad de millones de ciudadanos.

 

El almacenamiento de los datos retenidos tiene demasiados agujeros (técnicos y humanos) como para garantizar que no puedan ser utilizados con fines ilícitos muy diferentes a los pretendidos. Es suficiente recordar lo que ocurrió con los registros de llamadas telefónicas en el caso de la Asamblea de Madrid.