Al final la justicia da la razón a las víctimas del terrorismo y el caso Bolinaga se está convirtiendo en el caso Boñinaga, de lo mal que huele, cada día más. Esta boñiga va a ser la espada de Damocles de aquellos responsables que prefirieron dejar en la calle a un secuestrador de ETA que tenía la posibilidad de tratarse un cáncer en prisión y no fuera de la misma. De hecho, el tratamiento del cáncer fue el detonante de la puesta en libertad de un miembro de la organización terrorista ETA que ni se ha arrepentido de sus crímenes, ni ha pagado un céntimo de responsabilidad civil, ni ha abandonado ETA ni pedido perdón a sus víctimas. Sin embargo, el informe médico de la forense ha demostrado que el tal Boñinaga podía tratar su cáncer en la cárcel sin necesidad de salir de la misma.
El artículo 92 del Código Penal establece que, para obtener la libertad condicional independientemente de su grado penitenciario, los presos, ya sean comunes o terroristas, deben ser "enfermos muy graves con padecimientos incurables". Y el artículo 196 del Reglamento Penitenciario dice textualmente: "Se elevará al Juez de Vigilancia el expediente de libertad condicional de los penados que, según informe médico, se trate de enfermos muy graves con padecimientos incurables. Cuando los servicios médicos del Centro consideren que concurren las condiciones para la concesión de la libertad condicional por esta causa, lo pondrán en conocimiento de la Junta de Tratamiento, mediante la elaboración del oportuno informe médico". Pero la pregunta es: ¿quién elevó al juez de Vigilancia Penitenciaria el caso Boñinaga? La respuesta la encontrarán en la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dirigida por D. Ángel Yuste y que depende del Ministerio del Interior. Ahora no vale decir que la decisión la toma un juez, sino que fue un órgano gubernamental quien se lo puso en bandeja de plata al juez para que se le excarcelara.
Es importante saber que para que se considere que un preso padece una enfermedad muy grave debe concurrir uno de los requisitos de la orden circular 1/2000 de 11 de enero, que estableció, por ejemplo, que se considera padecimiento incurable un riesgo de muerte estimado superior al 10% en el plazo de un año a pesar del tratamiento. Con el terrorista Boñinaga hubo diferentes criterios médicos, ya que había distintas opiniones, y, lógicamente, el tiempo ha dado la razón a la que la forense Carmen Baena: "Bolinaga podía ser tratado en la cárcel de su cáncer", ya que no se cumplen los requisitos de la circular 1/2000. Bolinaga pasea por las calles de Mondragón, entra en bares, visita a amigos, casi un año después de su excarcelación; ha roto las estadísticas de los médicos buenistas, que le daban menos de un año de vida, entre 9 y 12 meses.
Ahora, el Gobierno está atado de manos y pies con este caso que tan mal huele, ya que sólo el juez de Vigilancia tiene potestad para retirar la libertad condicional al etarra, siempre que pidiera nuevos informes médicos que avalaran que no se cumple ninguno de los requisitos de la orden 1/2000. Sin embargo, el Gobierno sí que puede hacer algo. Podría iniciar los trámites y procedimientos legales oportunos para modificar la 1/2000 y, ya de paso, matizar una nueva redacción de los artículos 90 y 92 del Código Penal y 76 de la Ley General Penitenciaria para la concesión de la libertad condicional y terceros grados. Ningún terrorista de ETA ha delatado a otro para beneficiarse de terceros grados o libertades condicionales y, por tanto, no ha colaborado con las autoridades para esclarecer uno sólo de los más de 300 casos sin resolver de ETA. A este paso, dentro de 50 años, si verdaderamente ETA ha desaparecido, de la historia del terrorismo etarra sólo quedarán los más de 300 casos sin resolver, porque ningún Gobierno se quiere mojar modificando unas leyes o reglamentos que no especifican claramente que para obtener un tercer grado o la libertad condicional se tiene que colaborar para esclarecer estos casos sin resolver.