El lehendakari, Patxi López, ha terminado este martes con las especulaciones sobre el final de su mandato de forma incontestable: el 21 de octubre habrá elecciones en el País Vasco. El anticipo electoral no debe resultar una sorpresa para nadie, pues desde que se mostró más dispuesto a ejercer la oposición a los ajustes del Gobierno del PP que a presidir esa autonomía López perdió toda posibilidad de llegar a acuerdos para sacar adelante los presupuestos del año que viene.
De lo que muchos sí parecen ser inconscientes es del brutal desafío que estas elecciones entrañan para la democracia en el País Vasco y para toda España. ETA no se ha disuelto ni ha sido totalmente desarticulada, pero podrá volver a presentarse a unos comicios a través de su maquillado brazo político.
Gracias a la derogación de facto de la Ley de Partidos, perpetrada por los magistrados del Tribunal Constitucional con la connivencia de la apaciguadora clase política que los puso ahí, la organización terrorista ya pudo jactarse públicamente, tras las últimas elecciones municipales, de "haber ganado la batalla de la ilegalización". Ciertamente, no le faltaban motivos para la alegría: la coalición electoral con la que, según el Supremo, la organización terrorista ETA pretendía burlar la Ley de Partidos se convertía en la primera fuerza política del País Vasco en número de concejales, 1.134, fruto de los 313.321 votos que cosechó.
Lo más grave es que, a juzgar por los últimos sondeos, la maquillada marca electoral de ETA puede ser la más votada el 21 de octubre o, en todo caso, quedar muy cerca del PNV, formación con evidentes pulsiones rupturistas. Es evidente que corremos el riego cierto de que un proyecto de ruptura como el que entrañaría un pacto PNV-Bildu se convierta en proyecto de gobierno.
La miopía de algunos podrá objetar que la democracia exige respeto a las urnas, y que no podemos olvidar que la organización terrorista anunció un "alto el fuego definitivo". Un proyecto totalitario no deja de serlo porque reciba el respaldo de las urnas, tal y como quedó de manifiesto, por ejemplo, en la Alemania nazi. Es evidente, por otra parte, que el proyecto de ruptura nacionalista entraña un programa de secesión del resto de España... y de las reglas del juego democrático, empezando por la Constitución. Obtener una mayoría transitoria en unas elecciones de ámbito regional no da derecho a romper con unas reglas con voluntad de permanencia y emanadas de la soberanía nacional. sin lugar a dudas, Bildu, con o sin alianza con el PNV, pretende hacer realidad ese proyecto de ruptura que ETA siempre ha perseguido, con treguas y con bombas.
En este sentido, los que tanta credibilidad otorgan al supuesto cese definitivo de la "lucha armada" anunciado por ETA deberían ser conscientes de que, en el mismo comunicado, los propios terroristas condicionaban el mismo a la consecución de sus objetivos secesionistas... y de los beneficios penitenciarios que exigían para sus presos, que en cierta medida (siempre, demasiada) ya están consiguiendo.
Por otro lado, la decisión del lehendakari de hacer coincidir la jornada de reflexión del 21-O con el primer aniversario del anuncio del supuesto cese definitivo de la actividad asesina de ETA es otro claro ejemplo de cómo se quiere ocultar el desafío totalitario al que nos enfrentamos o el componente chantajista que contenía ese comunicado; una forma de simular un clima de paz y libertad y con partidos políticos democráticos que, en realidad, no tienen parangón en nuestro entorno. Pagaremos caro ese espejismo.