Tal y como era previsible –al menos desde un punto de vista estrictamente jurídico–, la Junta Electoral de Guipúzcoa ha anulado este martes la candidatura de Arnaldo Otegi como cabeza de lista de EH Bildu para las próximas elecciones vascas por no reunir los requisitos de eligibilidad, al haber sido condenado en su día a una pena de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo y para empleo o cargo público que no concluirá hasta el 28 de febrero de 2021.
Aunque la confirmación de la inhabilitación de Otegi suponga, naturalmente, una buena noticia que debe alegrar a todas las víctimas del terrorismo tanto como a todos los partidarios de la libertad y del imperio de la ley, no hay que lanzar las campanas al vuelo ante lo que bien puede considerarse una victoria pírrica del Estado de Derecho. Y no sólo por las infames críticas que están perpetrando desde la peor izquierda y el nacionalismo, volcados en ignorar leyes y sentencias y en ignorar la memoria, la dignidad y la demanda de justicia de las víctimas del terrorismo. Ni por que el Juzgado de lo Contencioso de San Sebastián o el Tribunal Constitucional puedan tumbar más adelante una decisión de la Junta Electoral de Vizcaya que no ha sido más que el reconocimiento de una inhabilitación por sentencia firme que en su día ni siquiera fue recurrida por la defensa del propio Otegi. Sino porque los proetarras podrán seguir presentándose a las elecciones, y esto es una vergüenza que no borra el hecho de que tengan que hacerlo sin el condenado Otegi.
En este sentido, hay que recordar que la inhabilitación que pesa sobre este sujeto fue parte de la pena a la que fue condenado por su intento de burlar la ilegalización de Batasuna a través de la plataforma Bateragune, que sirvió de embrión y punto de encuentro entre batasunos, sectores de EA, Aralar y el sindicato ELA para poner en marcha lo que luego se plasmaría en diferentes partidos, como Sortu, Bildu y Amaiur, posteriormente legalizados por el TC.
Fue el propio Constitucional, de forma absolutamente contraria a Derecho, el que, dejando en papel mojado la Ley de Partidos, tumbó la sentencia del Supremo que había justamente ilegalizado la formación por la que ahora se van a presentar los Otegis pero sin el condenado Arnaldo.
Aunque se confirme la inhabilitación de Otegi, en las listas de su partido se podrán presentar, y de hecho lo van a hacer, sujetos iguales o peores que él, por mucho que no sean tan conocidos, como Iker Casanova, condenado en su día a siete años y medio de prisión por pertenencia a banda armada, o Elena Beloki, condenada a 13 años de prisión también por pertenencia a ETA.
Así las cosas, aunque esta inhabilitación les deje sin su aparente prima donna, los proetarras van a seguir en las instituciones, en abierta burla de la supuestamente vigente Ley de Partidos.