Resulta muy difícil que la Cataluña nacionalista vuelva a la tranquila, silenciada y ominosa independencia de facto que ha venido disfrutando en los últimos años mientras un presidente de la Generalidad como Carles Puigdemont siga empecinado en que el Reino de España y la comunidad internacional reconozcan una independencia de iure que se traduzca en la creación de un nuevo Estado soberano en forma de república.
Este delirante empecinamiento de los golpistas, que a día de hoy siguen detentando el poder regional en el Principado, también hace muy difícil el sostenimiento de la impunidad que siguen disfrutando, a pesar de la cantidad y la gravedad de los delitos que han perpetrado desde la convocatoria de la consulta secesionista del 1-O hasta la proclamación de independencia del pasado día 10; una declaración que el cabecilla del golpe ha tenido a bien dejar en suspenso con el delirante propósito de que la respalde el presidente del Gobierno de la Nación.
A día de hoy, la Fiscalía General del Estado, ni motu proprio ni a requerimiento del Gobierno –tal y como señala el artículo 8 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal– se atreve a presentar querella alguna contra los cabecillas del golpe, más allá de la que presentó el 8 de septiembre, con ocasión de la convocatoria del referéndum del 1-O; una querella en la que el único delito penado con cárcel del que se acusaba a los mandatarios regionales de Cataluña era el de malversación; una querella en la que no se pidió como medida cautelar la prisión preventiva para ninguno de ellos y que Dios, Rajoy y el ministro de Justicia saben cuándo será dirimida en los tribunales. La impunidad respecto de un persistente delito de sedición es tanto o más bochornosa aun cuando no la disfruten meros subordinados de los cabecillas como el major y la intendente de los Mossos d'Esquadra o los presidentes de las plataformas separatistas ANC y Òmnium Cultural, estos últimos en prisión preventiva.
Teniendo presente esta persistente impunidad de facto, cabe hacerse una idea de lo poco que se puede esperar de una medida estrictamente política como la aplicación del artículo 155 de la Constitución por parte de un presidente como Rajoy: no contento con ofrecer a los golpistas la vuelta a una "legalidad" que conlleva impunidad y una tolerada independencia de facto, el presindente del Gobierno les ha brindado a través de sus ministros todavía "más dinero y autonomía financiera", y hasta una reforma constitucional que, como bien ha denunciado José María Aznar, bien pudiera ser un "pago a plazo de lo que no estamos dispuestos a pagar al contado".
Ningún sentido tiene la aplicación del artículo 155 si no es para erradicar todo aquello que su bochornosa no aplicación en el pasado permitió que se instaurara en Cataluña contraviniendo clamorosamente nuestro ordenamiento constitucional. Sin una intervención total de la Administración autonómica en rebeldía y de sus órganos de gobierno por el tiempo que sea necesario para desarticular y clausurar las ilegales estructuras de Estado y las redes clientelares del secesionismo, así como para regenerar el sistema regional de enseñanza, la aplicación del artículo 155 no tendrá otro efecto que el de alimentar, todo lo injustificadamente que se quiera, el victimismo de los golpistas.
No faltará quien alegue que habrá que esperar al Consejo de Ministros extraordinario del sábado para conocer y valorar las medidas que el Gobierno baraje tomar. Pero esta objeción, siendo una obviedad, no deja de resultar escandalosa: hace tiempo que todos los españoles –empezando por los golpistas– tienen derecho a saber qué cabe esperar si el presidente se dispone, por fin, a aplicar el 155. Aunque sólo fuera por generar efectos disuasorios entre los secesionistas, ya se debería saber qué tienen en mente Mariano Rajoy y Pedro Sánchez para restablecer en Cataluña un ordenamiento constitucional ante cuya quiebra han mantenido tantos años una clamorosa pasividad rayana en la complicidad.
¿Están dispuestos Rajoy y Sánchez a cerrar la radiotelevisión pública catalana, principal propagandista de la causa separatista? ¿Están dispuestos a clausurar unas embajadas catalanas dedicadas a agitar por la independencia y cuyas nóminas ha seguido pagando Montoro tras la esperpéntica intervención de las cuentas bancarias de la Generalidad? ¿Van a acabar con el adoctrinamiento antiespañol en las escuelas, después de haber saboteado los esfuerzos parlamentarios de Ciudadanos en tal sentido? ¿Van a tomar el control de los Mossos d'Esquadra, o, cuando menos, a expulsar de su seno a todos los traperos que los deshonran?
¿De verdad hay que esperar al sábado para hacerse una idea de lo poco que cabe esperar de la aplicación del 155 por parte de un presidente del Gobierno que, por confesión propia, todavía el propio sábado y cualquier otro día venidero estaría dispuesto a no aplicarlo si el golpista Puigdemont consintiera celebrar nuevas elecciones autonómicas? Claro que no. Basta ya de sucumbir a perniciosos autoengaños.