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Conde-Pumpido y la obscena politización de la Justicia

Este ominoso acuerdo satisface intereses partidistas de PP y PSOE, no los intereses de la Nación.

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Llevaría más de un editorial recordar las innumerables ocasiones en las que los representantes del Partido Popular criticaron y hasta pidieron la dimisión de Cándido Conde-Pumpido por el bochornoso servilismo con el que atendía los intereses políticos del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero cuando era fiscal general del Estado.

Sirvan como botón de muestra de su subordinación a los intereses socialistas, especialmente durante el nauseabundo proceso de negociación con ETA, aquellas afirmaciones suyas de que "la Justicia no debe ser obstáculo a los procesos políticos" y de que "el vuelo de las togas no eludirá el polvo del camino"; o su consideración de que la Ley de Partidos, que proscribía –y en teoría sigue proscribiendo– la presencia de los proetarras en las instituciones, no debería convertirse en un "Guantánamo electoral". Eso, por no recordar la elocuente y hasta cierto punto lógica perplejidad que manifestó el terrorista Arnaldo Otegi cuando, al ser detenido, preguntó si el entonces fiscal general del Estado estaba al tanto de lo que sucedía.

Episodios como ese y como muchos otros explican también que Mariano Rajoy proclamara durante la campaña electoral de 2012: "Es necesario separar el Poder Judicial de bermejos y conde-pumpidos".

Está visto, sin embargo, que en política no hay amigos ni enemigos eternos, sólo intereses, tal y como dicen que dijo de las naciones el general De Gaulle. Y es que de aquellas criticas del PP a Conde-Pumpido, por ser insuperable exponente de la politización de la Justicia, queda tan poco como de las promesas del PP de instaurar una auténtica separación de poderes, que el partido de Rajoy traicionó al año de llegar al Gobierno.

Ahí está la nueva componenda entre el PP y el PSOE para cubrir los cuatro puestos del Tribunal Constitucional por el cupo que le corresponde renovar al Senado, y que serán ocupados por Ricardo Enríquez, Alfredo Montoya, María Luisa Balaguer y el mismísimo Cándido Conde-Pumpido.

Algunos tratarán de justificar este ominoso reparto de cromos con el hecho de que el Gobierno de Rajoy se sostiene gracias a la abstención del PSOE. Pero eso es un argumento en defensa de intereses partidistas, no de los intereses de la Nación, de la Justicia y de la tan mentada como burlada regeneración de la vida pública.

Sin duda, la elasticidad es un rasgo de inteligencia, y cierta dosis de pragmatismo siempre es necesaria en política, definida, no por nada, como el arte de lo posible. Sin embargo, el bochornoso y obsceno reparto de cromos en la designación política de los miembros de los Altos Tribunales y del órgano de gobierno del Poder Judicial va mucho más allá y hubiera sido perfectamente evitable si este irreconocible Partido Popular, cuando disfrutaba de una holgadísima mayoría absoluta, se hubiera mantenido mínimamente fiel a los principios y las promesas que hacía cuando consideraba necesario alejar del Poder Judicial a bermejos y de conde-pumpidos.

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