Algunos miembros del Gobierno regional catalán han entrado en pánico al constatar que en el golpe de Estado separatista no sólo arriesgan penas de inhabilitación sino su propio patrimonio. Los mismos dirigentes políticos que han hecho gala de una mayúscula y delictiva irresponsabilidad, que han dividido a la sociedad catalana, que han puesto en riesgo la convivencia, la estabilidad, la economía y el futuro de millones de personas, se han dado cuenta ahora de que las consecuencias de sus actos pueden tener repercusiones económicas que no están dispuestos a asumir en absoluto, ni siquiera por un Estado independiente en forma de república.
El patriotismo perfectamente descriptible de estos individuos se ha desmoronado como un castillo de naipes a la que el Tribunal de Cuentas ha abierto un expediente relativo a las responsabilidades de los inhabilitados del 9-N, Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs, sobre la malversación de los más de cinco millones de euros que en teoría costó la organización de aquel referéndum. El cálculo es muy benéfico para los nominados, pues en el programa separatista de la Generalidad se han enterrado miles de de millones de euros de todos los españoles en propaganda, adoctrinamiento, erradicación del español, embajadas y subvenciones a medios y entidades dedicadas al fomento y propagación del odio a España y a los ciudadanos españoles.
El riesgo de embargo de las propiedades de los aludidos para hacer frente a la malversación cifrada en esos cinco millones ha disparado las alarmas en el PDeCAT, la vieja Convergencia con siglas de conveniencia. La primera víctima de la caza de brujas en el Gobierno golpista, Jordi Baiget, exconsejero de Empresa y Conocimiento, fue muy clara: la inhabilitación sería un honor e incluso baladronó que podría aceptar la cárcel por el golpe al Estado, pero el patrimonio es sagrado. Hasta ahí podíamos llegar.
Muchos de los consejeros, también de ERC, son de la misma opinión, pero de momento tienen más miedo a ser destituidos y sometidos al escarnio de los suyos por cobardes que a la acción de la justicia. Además, a falta de 79 días para el referéndum del 1 de octubre, nadie del Govern, salvo la ya investigada consejera de Gobernación Meritxell Borràs, ha puesto su firma en papel alguno que pueda incriminarle. Pero los plazos se acortan, se acerca la hora de la verdad y las filas ya no están tan prietas.
Artur Mas, en la cocina de la estrategia separatista, quiere forzar la máquina hasta el final. Puigdemont, colocado por la CUP, aspira a pasar a la historia y Oriol Junqueras, preso de sus promesas y soflamas, sólo acepta la cicuta de encabezar la organización del referéndum si se consuma una purga en el Ejecutivo y todos los consejeros se comprometen a dejar su huella en el papeleo en una suerte de inmolación colectiva.
El PDeCAT pidió a Puigdemont que descargara en Junqueras la consulta para evitar más bajas en campo propio, pero el dirigente republicano sólo renunciará a ser el próximo presidente de la Generalidad si se lleva por delante al Gobierno autonómico en pleno. En ese contexto, algunos de los individuos que han jugado sin reparos con las haciendas y destinos de los ciudadanos empiezan a flojear o hiperventilar.
Prueba de ello es el número montado este jueves por Lluís Llach, Jordi Turull y Marta Rovira, el tridente de Junts pel Sí. Agentes de paisano de la Guardia Civil entregaron un auto judicial en el denominado Teatre Nacional de Catalunya, dependiente de la Generalidad y donde el grupo parlamentario y el Gobierno regional presentaron al alimón la ley del referéndum, por orden del Juzgado de Instrucción número 13, donde se investiga al exjuez y exsenador de ERC Santi Vidal por sus revelaciones en una conferencia de la ANC sobre la obtención ilegal de datos de los ciudadanos por parte de la Generalidad. El juez reclama la documentación del acto, que según Junts pel Sí costó 16.000 euros, abonados a costa de la asignación parlamentaria, para saber quién contrató y pagó la presentación de la ley, mitin en el que Puigdemont y Junqueras se jactaron de disponer de censo (como confesó Vidal) y urnas.
Un trámite judicial de menor rango ha sido aireado por Junts pel Sí como si la Guardia Civil hubiera practicado una entrada y registro en un recinto sagrado de la cultura catalana con el aparataje propio de las redadas del 3%. Nada más lejos de la realidad, pero sirve como otra excusa tanto para los desertores con más patrimonio como para aquellos que no tienen nada que perder porque ya han cambiado de nombre sus posesiones.