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EDITORIAL

Detenciones por un golpe que sigue su curso

De poco servirán estas detenciones mientras el Gobierno siga manteniendo sus alianzas con los separatistas

La operación de la Guardia Civil ordenada este miércoles por el titular del Juzgado de Instrucción nº 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, contra un grupo de empresarios próximos a ERC y Junts per Catalunya por un presunto desvío de fondos públicos para financiar el llamado Tsunami Democrátic y todo el entramado de Carles Puigdemont en Bélgica constituye un duro revés judicial al proceso secesionista que, desgraciadamente, sigue en marcha en Cataluña. Y es que, a pesar de ser unos perfectos desconocidos incluso para la mayoría de los catalanes, David Madí, Oriol Soler y Francesc Vendrell –tres de los empresarios arrestados– eran los cabecillas de ese grupo de gurús en los que el expresidente de la Generalidad fugado a Bélgica se apoyó –a veces incluso de espaldas a su propio Gobierno– no sólo para orquestar la votación ilegal del 1-O y para diseñar la transición a la república proclamada, sino para respaldar financieramente las revueltas civiles en Cataluña contra los dictámenes de los tribunales y para sostener económicamente la estancia en Bélgica del prófugo y autoproclamado “presidente de la republica catalana en el exilio”.

Para colmo, y según consta en los autos de entrada y registro de la operación, los detenidos presumían en sus conversaciones de que Rusia llegó a ofrecer apoyo a Puigdemont para que avanzase en su ilegal proceso secesionista mostrando su disposición a ofrecer hasta 10.000 soldados y pagar la deuda catalana.

Sea como fuere, lo que parece innegable es que los detenidos, hasta ahora intocables, han tenido un papel determinante, aun entre bambalinas, en el proceso secesionista, a pesar de lo cual lograron sortear completamente la causa abierta por el Tribunal Supremo tras el 1-O y la declaración unilateral de independencia. Aunque lamentablemente el Supremo no castigó con la severidad que merecía ese delito de rebelión –dejándolo sólo en sedición–, bien está que la Justicia alcance a todos los directamente implicados en la misma, como los ahora detenidos y el todavía por detener Carles Puigdemont.

Aun así, la magnifica noticia no debería llevar a nadie a lanzar las campanas al vuelo. Y es que de poco o nada servirán estas detenciones mientras el Gobierno de la Nación siga manteniendo sus alianzas con las formaciones separatistas a las que servían los detenidos, que mantienen su compromiso con el proceso secesionista y golpista que oficialmente arrancó en 2012.

¿De qué sirven las acciones policiales y judiciales contra el separatismo si el PSOE, con tal de encontrar apoyos parlamentarios que le sostengan en el poder, no duda en rebajar todavía más las penas, en llevar a cabo indultos y en hacer todavía mayores transferencias económicas a una Administración regional que está y va seguir estando en rebeldía?

No. Desgraciadamente, estas detenciones no significan, como algunos ilusos quieren hacer decir a Puidgdemont, “la muerte política y civil del independentismo”. Tan sólo muestra la calaña de quienes Sánchez ha elegido como compañeros de viaje y socios de Gobierno.

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