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EDITORIAL

Detenciones por un golpe que sigue su curso

De poco servirán estas detenciones mientras el Gobierno siga manteniendo sus alianzas con los separatistas

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La operación de la Guardia Civil ordenada este miércoles por el titular del Juzgado de Instrucción nº 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, contra un grupo de empresarios próximos a ERC y Junts per Catalunya por un presunto desvío de fondos públicos para financiar el llamado Tsunami Democrátic y todo el entramado de Carles Puigdemont en Bélgica constituye un duro revés judicial al proceso secesionista que, desgraciadamente, sigue en marcha en Cataluña. Y es que, a pesar de ser unos perfectos desconocidos incluso para la mayoría de los catalanes, David Madí, Oriol Soler y Francesc Vendrell –tres de los empresarios arrestados– eran los cabecillas de ese grupo de gurús en los que el expresidente de la Generalidad fugado a Bélgica se apoyó –a veces incluso de espaldas a su propio Gobierno– no sólo para orquestar la votación ilegal del 1-O y para diseñar la transición a la república proclamada, sino para respaldar financieramente las revueltas civiles en Cataluña contra los dictámenes de los tribunales y para sostener económicamente la estancia en Bélgica del prófugo y autoproclamado “presidente de la republica catalana en el exilio”.

Para colmo, y según consta en los autos de entrada y registro de la operación, los detenidos presumían en sus conversaciones de que Rusia llegó a ofrecer apoyo a Puigdemont para que avanzase en su ilegal proceso secesionista mostrando su disposición a ofrecer hasta 10.000 soldados y pagar la deuda catalana.

Sea como fuere, lo que parece innegable es que los detenidos, hasta ahora intocables, han tenido un papel determinante, aun entre bambalinas, en el proceso secesionista, a pesar de lo cual lograron sortear completamente la causa abierta por el Tribunal Supremo tras el 1-O y la declaración unilateral de independencia. Aunque lamentablemente el Supremo no castigó con la severidad que merecía ese delito de rebelión –dejándolo sólo en sedición–, bien está que la Justicia alcance a todos los directamente implicados en la misma, como los ahora detenidos y el todavía por detener Carles Puigdemont.

Aun así, la magnifica noticia no debería llevar a nadie a lanzar las campanas al vuelo. Y es que de poco o nada servirán estas detenciones mientras el Gobierno de la Nación siga manteniendo sus alianzas con las formaciones separatistas a las que servían los detenidos, que mantienen su compromiso con el proceso secesionista y golpista que oficialmente arrancó en 2012.

¿De qué sirven las acciones policiales y judiciales contra el separatismo si el PSOE, con tal de encontrar apoyos parlamentarios que le sostengan en el poder, no duda en rebajar todavía más las penas, en llevar a cabo indultos y en hacer todavía mayores transferencias económicas a una Administración regional que está y va seguir estando en rebeldía?

No. Desgraciadamente, estas detenciones no significan, como algunos ilusos quieren hacer decir a Puidgdemont, “la muerte política y civil del independentismo”. Tan sólo muestra la calaña de quienes Sánchez ha elegido como compañeros de viaje y socios de Gobierno.

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